El Departamento de Justicia acelera los procesos de desnaturalización contra los ciudadanos con antecedentes penales.
El Departamento de Justicia de Trump anunció el lunes que presentó 25 nuevas denuncias para quitarle la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que cometieron delitos graves en suelo norteamericano.
Esta medida, que el gobierno califica como "el mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia", incluye a personas que fueron condenadas por asesinato en primer grado, agresión con arma mortal con intención de matar y agresión sexual agravada a un menor.
"Hoy marca el mayor aumento de desnaturalizaciones en la historia registrada", afirmó Brett Schumate, uno de los fiscales del gobierno. "Cada uno de estos individuos cometió crímenes incompatibles con la ciudadanía estadounidense. Estamos avanzando a velocidad récord para desnaturalizar a quienes buscaron engañar al gobierno federal y abusar del proceso de naturalización", agregó.
Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025 para cumplir su segundo mandato, su gobierno ha presentado 123 denuncias civiles de desnaturalización, la cifra más alta registrada en la historia legal estadounidense.
"La ciudadanía estadounidense es uno de los privilegios más altos de nuestra nación y debe obtenerse de manera legal y honesta", declaró el fiscal general interino, Todd Blanche. "Las denuncias anunciadas hoy alegan que estas personas obtuvieron la naturalización mediante fraude, ocultamiento u otra conducta ilícita, incluido el encubrimiento de delitos violentos, ofensas sexuales contra menores, identidades fraudulentas y otros hechos descalificadores".
"Las presentaciones de hoy representan el esfuerzo de denaturalización coordinado más grande en la historia del departamento, pero son solo el principio", indicó el funcionario al frente de la cartera de Justicia.
Los casos de desnaturalización son complejos, y en los últimos años solo se han presentado unos 300 casos de este tipo hasta que Trump volvió al poder, pues los abogados del gobierno debe probar que ante un tribunal civil o penal que la ciudadanía se obtuvo de manera ilegal o mediante fraude.
