Un grupo de 22 fiscales generales demócratas presentó una nueva ofensiva política y legal contra la política comercial del presidente Donald Trump, al rechazar la propuesta de imponer aranceles de hasta el 12,5% a importaciones procedentes de 59 países y de la Unión Europea por su falta de medidas efectivas para impedir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzado.
La iniciativa de la administración Trump busca reconstruir parte de su estrategia arancelaria después de que la Corte Suprema invalidara en febrero los llamados aranceles de emergencia. En lugar de recurrir a esos mecanismos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, argumentando que numerosos socios comerciales no están haciendo lo suficiente para impedir la circulación de productos fabricados mediante explotación laboral.
Los fiscales generales, encabezados por el fiscal de California, Rob Bonta, calificaron la propuesta como ilegal y sostuvieron que los nuevos gravámenes elevarían los precios para consumidores y empresas estadounidenses. En una carta enviada a la USTR, afirmaron que la administración estaría utilizando la investigación sobre trabajo forzado como un pretexto para restablecer aranceles que los tribunales ya habían rechazado bajo otra base legal.
Entre los firmantes figuran los fiscales generales de Arizona, Michigan, Illinois, Virginia, Colorado, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey, además de otros estados gobernados por el Partido Demócrata.
