Mediante una resolución bipartidista, senadores denunciaron que la norma del régimen chino legaliza la asimilación forzada y amplía la represión contra críticos incluso fuera del país.
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Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó una resolución para condenar la nueva ley de ''unidad étnica'' aprobada por el régimen chino, al considerar que consolida la política de asimilación forzada del Partido Comunista Chino (PCCh), intensifica la persecución contra minorías étnicas y religiosas y extiende el alcance de la represión más allá de las fronteras del país.
La iniciativa fue presentada por los senadores republicanos John Curtis y Jim Banks, junto con los demócratas Jacky Rosen y Jeff Merkley, quienes solicitaron formalmente que Pekín derogue la legislación antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 1 de julio.
En la resolución, los legisladores sostienen que la ley denominada ''Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico'' no busca fortalecer la convivencia entre los distintos pueblos que habitan China, sino institucionalizar políticas destinadas a eliminar las identidades culturales de comunidades como los uigures, tibetanos, mongoles, cristianos y otras minorías mediante programas de asimilación impulsados por el Estado.
''La nueva ley de conformidad étnica del Partido Comunista Chino representa una escalada en su campaña de larga data para borrar las identidades culturales de tibetanos, uigures, mongoles, cristianos y otros grupos minoritarios'', afirmó el senador John Curtis al presentar la resolución.
Un grupo de senadores estadounidenses presentó una resolución para condenar una legislación del régimen chino que fomenta la persecución a las minorías
El legislador agregó que la normativa también proporciona un argumento legal para intimidar a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, incluso cuando esas personas residen fuera de China. Curtis sostuvo que Estados Unidos debe asumir un papel firme frente a este tipo de medidas.
''Como líder del mundo libre, Estados Unidos debe mantenerse junto a quienes sufren persecución y dejar claro que los esfuerzos del Partido Comunista Chino por exportar su represión, silenciar las denuncias sobre abusos de derechos humanos y socavar nuestra soberanía no serán tolerados'', declaró.
La legislación fue aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo controlado por el Partido Comunista Chino. Entre sus objetivos figura la creación de una identidad nacional ''compartida'' entre los distintos grupos étnicos del país, para lo cual establece un mayor uso obligatorio del mandarín en el sistema educativo y promueve una integración basada en los principios ideológicos definidos por el Partido.
El régimen comunista de Xi Jinping creará una identidad nacional ''compartida'' que buscará desplazar a varias minorías étnicas y religiosas
Sin embargo, los senadores estadounidenses sostienen que, en la práctica, la ley formaliza las campañas de ''sinización'' que desde hace años impulsa Pekín, obligando a escuelas, organizaciones culturales e instituciones religiosas a adaptar sus actividades a la ideología oficial.
La resolución también advierte que el texto contiene disposiciones ambiguas que permiten castigar penalmente cualquier expresión que las autoridades interpreten como una amenaza contra la "unidad étnica" o como un acto de "separatismo", lo que, según sus críticos, abre la puerta a nuevas formas de persecución política.
Uno de los aspectos que más preocupa a Washington es el alcance extraterritorial de la normativa. La ley establece que organizaciones e individuos ubicados fuera del territorio chino podrán ser considerados responsables si, según las autoridades de Pekín, realizan acciones que atenten contra la unidad nacional o fomenten movimientos separatistas.
La senadora Jacky Rosen afirmó que esa disposición convierte la legislación en un riesgo no solo para quienes viven dentro de China, sino también para ciudadanos y residentes de otros países.
Un grupo de senadores demócratas se unió a los republicanos y advirtió sobre el peligro que representa la nueva legislación china
Por su parte, el senador Jim Banks calificó la iniciativa como ''un intento descarado de aplicar las leyes chinas en suelo estadounidense'', al advertir que el régimen busca justificar acciones de intimidación contra disidentes y activistas que viven en democracias occidentales.
La resolución sostiene que esta nueva ley complementa otras prácticas atribuidas al Partido Comunista Chino, entre ellas operaciones policiales clandestinas en el extranjero, vigilancia de comunidades de emigrados, campañas de hostigamiento contra críticos del régimen y otras formas de represión transnacional.
Ante este escenario, los legisladores instaron al Departamento de Estado a coordinar acciones con aliados como Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea para monitorear la aplicación de la legislación y documentar sus efectos sobre los derechos humanos.
Asimismo, solicitaron al presidente de Estados Unidos evaluar la imposición de sanciones específicas bajo la Ley Global Magnitsky contra funcionarios, organismos o entidades responsables de implementar la nueva normativa o participar en violaciones de derechos humanos derivadas de su aplicación.
Los legisladores solicitaron al presidente Donald Trump que imponga sanciones al régimen comunista chino
El senador Jeff Merkley aseguró que mientras el régimen chino continúe vulnerando sistemáticamente los derechos de tibetanos, uigures y otras minorías, Estados Unidos debe denunciar esos abusos y defender la libertad religiosa y los derechos fundamentales.
Las preocupaciones también han sido compartidas por otros gobiernos democráticos. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 30 de abril una resolución en la que condenó la nueva ley y pidió oficialmente a Pekín que la derogue, al considerar que promueve políticas de asimilación forzada y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas tanto dentro como fuera de China.
Desde Taiwán también surgieron fuertes críticas. El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, afirmó que la legislación permitirá al régimen perseguir a cualquier persona que manifieste opiniones contrarias al Partido Comunista, independientemente de su nacionalidad o del país donde resida, calificando la medida como un nuevo instrumento de represión transnacional.
Aunque el Ministerio de Justicia chino defendió la normativa y aseguró que se ajusta a las prácticas internacionales, las explicaciones de Pekín no lograron disipar las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Taiwán, que consideran que la ley fortalece el aparato de control del Partido Comunista y amplía su capacidad para restringir derechos fundamentales tanto dentro como fuera de China.
Uno de los grupos étnicos más perseguidos por el régimen de Xi Jinping han sido los uigures
