Por recopilar datos de los chicos sin el consentimiento de los padres, la red social pagó una multa de 400 millones de dólares para archivar la causa judicial.
TikTok ha llegado a un acuerdo por Departamento de Justicia del gobierno de Trump y deberá pagar 400 millones de dólares como penalidad por violar las leyes federales que protegen la privacidad de los niños. 300 de estos millones son de pago inmediato y otros 100 se desembolsarán una vez que una orden judicial anule un decreto de consentimiento anterior contra su empresa predecesora, Musical.ly.
"Este acuerdo es una gran victoria para los niños y padres estadounidenses", afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. "La prioridad del Departamento es garantizar que los menores estén protegidos en línea y que las empresas a las que se les confía su información personal cumplan con sus obligaciones legales", agregó el funcionario, celebrando esta resolución.
Desde que Estados Unidos demandó a TikTok a finales de 2024, la filial estadounidense de la plataforma dejó de pertenecer a manos chinas y, en enero de este año, firmó acuerdos con importantes inversores norteamericanos como Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX para formar una nueva empresa conjunta.
TikTok y el gobierno de Trump llegaron a un acuerdo millonario esta semana.
Es que TikTok y su empresa matriz con sede en China, ByteDance, violaron una ley federal que exige que las aplicaciones y sitios web dirigidos a menores obtengan el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de niños menores de 13 años. La plataforma tampoco cumplió con solicitudes de padres que querían que se eliminaran las cuentas de sus hijos de edad, e incluso optó por no borrarlas.
TikTok no es la única red social que enfrenta litigios en los tribunales por violar la seguridad y privacidad infantil. La empresa matriz de Instagram, Meta Platforms, que pertenece a Mark Zuckenberg, se encuentra actualmente en juicio en un tribunal federal en Oakland, California, por acusaciones de haber violado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) de 1998, junto con varios estatutos estatales.
