''Según nuestros precedentes, no se requiere sospecha antes de que el Gobierno registre la propiedad de un viajero en la frontera'', escribió Menashi.
El magistrado también señaló que las autoridades fronterizas tienen una amplia facultad para determinar qué personas y bienes pueden ingresar a Estados Unidos. Por esa razón, sostuvo que los agentes pueden buscar en los dispositivos evidencia de actividades delictivas y no están limitados exclusivamente a detectar contrabando o infracciones directamente relacionadas con el ingreso al país.
La CBP explicó que estas inspecciones pueden utilizarse para hacer cumplir leyes relacionadas con terrorismo, explotación infantil, narcotráfico, tráfico de personas, fraude migratorio y amenazas contra la seguridad nacional. La agencia también indicó que el examen se limita a la información presente en el dispositivo en el momento en que es entregado para su inspección.
Según cifras proporcionadas por la CBP, durante el año fiscal 2025 menos del 0,01 % de los viajeros que llegaron a Estados Unidos fueron sometidos a una inspección de sus dispositivos electrónicos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aseguró que las inspecciones telefónicas podrían ayudar a hacer cumplir leyes relacionadas con el terrorismo, la trata infantil y el narcotráfico, entre otras
La decisión no fue completamente unánime. La jueza demócrata Eunice Lee coincidió con la mayoría en que no debería exigirse una orden judicial ni causa probable para realizar este tipo de registros, pero sostuvo que los agentes sí deberían contar con una sospecha razonable.
Lee advirtió que una facultad sin ningún requisito de sospecha podría permitir a los funcionarios acceder a grandes cantidades de información personal almacenada en los teléfonos. Entre los datos que podrían quedar expuestos mencionó registros médicos, información financiera, mensajes privados, fotografías, búsquedas en internet, hábitos de navegación y datos de ubicación.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que los agentes gubernamentales pueden registrar los teléfonos celulares de las personas que ingresan al país sin una orden judicial, causa probable o sospecha razonable, al considerar que estos dispositivos están sujetos a las amplias facultades de inspección que existen en las fronteras.
La decisión fue emitida el pasado jueves por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito y surgió a partir de la apelación de Chinwendu Alisigwe, un residente permanente legal cuyo teléfono fue registrado después de que aterrizara en un aeropuerto de Nueva York en 2019. La información obtenida durante la inspección fue utilizada posteriormente como evidencia en un proceso por fraude que terminó con su condena.
Los abogados de Alisigwe habían cuestionado la legalidad del registro y se apoyaron en un fallo de la Corte Suprema de 2014 que estableció que, en general, la policía necesita una orden judicial para registrar el contenido de un teléfono celular. Sin embargo, el tribunal de apelaciones concluyó que ese precedente no elimina la excepción constitucional que permite registros sin orden en los puntos de entrada al país.
La justicia estadounidense determinó que las autoridades fronterizas podrán revisar celulares sin orden judicial o causa probable
El juez Steven J. Menashi, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que los precedentes del Segundo Circuito permiten al gobierno inspeccionar las pertenencias de los viajeros en la frontera sin necesidad de sospecha. Debido a que un teléfono celular es considerado propiedad, esa misma regla se aplica a los dispositivos electrónicos.
El juez Steven Menashi, nominado por Donald Trump, redactó la opinión mayoritaria
La opinión mayoritaria también rechazó el argumento de que la Primera Enmienda limite estas inspecciones. Según el tribunal, las protecciones relacionadas con la libertad de expresión y asociación no impiden que el gobierno revise teléfonos celulares durante los controles fronterizos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) defendió la autoridad de sus agentes. Un portavoz de la agencia señaló que la legislación estadounidense permite inspeccionar dispositivos electrónicos de las personas que ingresan o salen del país, independientemente de su ciudadanía.
