La líder italiana dio la cara en en Congreso de la CGIL, donde le habló directamente a los líderes sindicales para explicarles por qué eliminó el salario básico universal y el salario mínimo.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni demostró su enorme valentía y se presentó en persona este viernes ante el principal sindicato del país para defender su agenda de derecha, convirtiéndose en la primera mandataria en casi 30 años que da la cara en el Congreso de la Confederación General del Trabajo (CGIL).

En su discurso, argumentó ante los líderes sindicales la importancia de la reforma fiscal, que busca reducir el impuesto a las ganancias, al tiempo que justificó la quita del plan social conocido como “ingreso por ciudadanía”, explicándoles que ese tipo de subsidios “favorece el trabajo irregular y no sindicado”.

“El mérito es el único ascensor social que existe si va acompañado de igualdad de condiciones de partida“, planteó la derechista. “El programa no beneficia a quien puede trabajar, ya que ha servido para mantenerlos en la condición de pobreza y queremos ofrecerles la salida de esa condición. El único camino que conozco para eso es el trabajo“, les argumentó.

El pasado jueves el Parlamento aprobó la mega-reforma de Meloni, que impone un “flat tax” al impuesto a las ganancias, reduciendo enormemente la carga para los trabajadores de ingresos medios. A su vez, elimina “redito di citadinanza” (ingreso por ciudadanía), un salario básico universal introducido por el comunista Giuseppe Conte en 2018 que llegaba hasta los 800 euros para desempleados y subocupados, y que ahora solo percibirán personas que por alguna discapacidad no puedan trabajar.

Con su discurso de más de una hora, Meloni intentó calmar las quejas de los sindicalistas que estaban amenazando con un paro general por esta reforma. La líder de la derecha se apareció por sorpresa en la norteña ciudad de Rímini donde se estaba llevando a cabo el Congreso de Confederación General Italiana del Trabajo, convirtiéndose en la primera mandataria en hacerlo desde la visita de Romano Prodi en 1996.

En su intervención, Meloni pidió a los sindicatos que se enfoquen en la generación de empleo ya que “la riqueza la crean las empresas y los trabajadores, no el Estado”. Y agregó: “El desafío es poner a empresas y trabajadores en la mejor condición para crear una riqueza que inevitablemente caerá sobre todos“.

“Italia es el único país de la Unión Europea que tiene salarios mas bajos que antes de 1990. Significa que hay una emergencia y que las recetas usadas hasta ahora no funcionaron y hace falta imaginar un camino nuevo. Ese camino que hasta ahora no se tomó es apostar todo al crecimiento económico“, propuso.

Meloni también explicó por qué no daría lugar al reclamo de algunos sindicalistas que piden la instalación de un salario mínimo universal, tras la eliminación del salario básico universal. “La introducción del salario mínimo legal no es el camino: temo que fijarlo por ley se vuelva no una tutela agregada a las garantías de los convenios colectivos que ya existen, sino una herramienta que las sustituiría haciendo un favor a quienes quieren negociar a la baja los derechos de los trabajadores“, profundizó.

Luego de las críticas de los sectores más radicalizados de la CGIL durante la semana a la presencia de la premier, Meloni planteó que su asistencia en el congreso nacional de la central obedecía a un gesto por la “unidad”.

“No tengo miedo a que me silben, no escapo a los contextos difíciles, no me asustan. La razón por la que decidí venir es porque no es un día como otros, es la fiesta de la unidad nacional. Mi presencia no solo busca llenar el vacío de que hace 27 años no venia un jefe del Gobierno“, concluyó.

Antes de que hable Meloni, los miembros votaron para elegir a su secretario general, donde el líder gremial Maurizio Landini obtuvo la reelección por otros cuatro años, quien en los últimos meses hbía accedido a dialogar con el nuevo gobierno de derecha a pesar de que los sectores más de izquierda demandaban huelgas.

Para Landini, la presencia de Meloni en el encuentro históricamente caracterizado como de izquierda en el que estuvieron también autoridades del Vaticano y de la Iglesia italiana “es un elemento de respeto y de reconocimiento a nuestro sindicato que representa a millones de personas“, en referencia a los casi 6 millones de afiliados que tiene la central sindical.

Los Verdes lograron su misión y en abril se llevará a cabo el “Apagón nuclear” que prometió Merkel hace 12 años. La energía será reemplazada por carbón, y gas proveniente de Qatar e Irak.

A pesar de la crisis energética que atraviesa Alemania, el gobierno socialista de Olaf Scholz confirmó que se mantiene el objetivo de proceder al “apagón nuclear” el 15 de abril, día que se desconectarían las últimas tres plantas y no habrá más energía nuclear dentro de la matriz energética alemana.

El apagón fue planificado por la entonces canciller Angela Merkel en 2012, tras la catástrofe en Fukushima después de que Japón fue golpeada con un terremoto y un tsunami. A pesar de que las circunstancias alrededor de ese incidente jamás ocurrirían en suelo alemán, la mandataria uso la oportunidad para poner en marcha un plan para lograr una economía verde sin energía nuclear.

Las plantas debían desconectarse el pasado 31 de diciembre, pero se aprobó en 2022 un aplazamiento de tres meses y medio al calendario para darle más tiempo al gobierno para conseguir reemplazarla. En definitiva, Scholz consiguió la peor alternativa en cuanto a cuidado ambiental: se importará gas y petróleo desde Irak y Qatar.

Es importante aclarar que la generación de energía nuclear produce 0 (cero) gases de efecto invernadero y su impacto medioambiental es nulo, y solo hay contaminación en caso de que haya una falla seria en el sistema, como solo ha ocurrido en Chérnobil (1986) y Fukushima (2011), la primera causada por la desidia burocrática de una nación comunista y la segunda por el golpe consecutivo de un terremoto y un tsunami.

La ministra de Medioambiente, la verde Steffi Lemke, ratificó a la prensa que a pesar de todos los beneficios de la energía nuclear, esta vez no habrá una nueva prórroga o situación de reserva para dichas plantas, y se desconectarán y desmantelarán completamente.

“Los riesgos de la energía atómica son incontrolables”, añadió la ministra, mintiendo descaradamente. “Apostar por el desarrollo de las renovables será, a la larga, el mejor medio para garantizar una estabilidad de precios en el sector”, aseguró.

La decisión afecta a las últimas plantas nucleares que le quedaban a Alemania después del masivo desmantelamiento del gobierno de Merkel. Se trata de la Isar 2 y Neckar 2, en el sur del país, y Lingen, en el centro.

La decisión fue promulgada por el Partido Verde, parte de la coalición de gobierno, quien hizo de su caballo de batalla en la campaña el fin de la era nuclear en Alemania, que solo se explica con el lobby de grandes empresas de energías renovables.

Los liberales del FDP, socio minoritario en el gobierno, habían intentado que las tres plantas en funcionamiento o en reserva siguieran funcionando hasta 2024 o hasta que termine la guerra en Ucrania; pero sin éxito.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Alemania había perdido un vital suministro de gas ruso a través del Nord Stream; una respuesta de Putin a las sanciones occidentales. Rápidamente, Scholz salió a buscar en Medio Oriente y en Noruega suministro de gas alternativo, respaldándose en la energía nuclear para llenar este vacío hasta que lo lograra.

Tras firmar con la monarquía qatarí y con el gobierno iraquí, las tres últimas plantas proporcionaban hacia finales de 2022 apenas un 6% del total del consumo eléctrico, pero se consideran fundamentales para garantizar la seguridad del suministro.

Pero inexplicablemente, los Verdes accedieron a aumentar las explotaciones de carbón con tal de lograr el suministro que permita desconectar las plantas nucleares. El “apagón de carbón” fue movido consecuentemente del periodo 2022-2030 al 2030-2038.

El  presidente francés emprendió el proceso de nacionalizaciones más ambicioso desde los tiempos de François Mitterrand, en contraposición con sus primeros discursos de campaña en 2017. El Estado aumentó su participación en el sector de la energía, el transporte y la industria. 

Desde su llegada al poder con un mensaje centrista y moderado, Emmanuel Macron no titubeó en llevar a cabo el proceso de estatizaciones más importante de los últimos 40 años en Francia. No se veía una convicción estatista tan pronunciada desde la administración del expresidente socialista François Mitterrand, como parte de su “programa común de Gobierno”.

La administración Macron avanzó incluso más allá de las pretensiones del expresidente socialista François Hollande, quién solo llevó a cabo un aumento temporal en la participación accionaria estatal de la firma Groupe PSA.

El primer episodio de estatización bajo el mandato de Macron se produjo con la expropiación de la empresa de astilleros STX Francia en mayo de 2017. El Gobierno se adueñó temporalmente de la firma a fin de “defender los intereses estratégicos de Francia”.

Luego, en septiembre de 2017, se llegó a un acuerdo con la empresa italiana Fincantieri para que el sector privado retuviera hasta el 51% del paquete accionario hasta 2018, y a partir de julio de ese mismo año el Estado francés adquirió el 84,34% del total y pasó a denominarse “Astilleros Atlánticos”. 

Con una superficie de 150 hectáreas, Astilleros Atlánticos se perfila como una de las firmas más importantes de Europa y del mundo en materia de construcción naval. Incluso posee operaciones vinculadas con la fabricación militar, y en menor medida las subestaciones eléctricas. 

Más tarde, a mediados de 2018, el Gobierno anunció la nacionalización mayoritaria de la firma multinacional Areva, empresa líder en el programa nuclear del país y un gran peso en la industria energética francesa, fuertemente dependiente de este tipo de actividades.

El Estado culminó la nacionalización durante el primer trimestre de 2021, y asignó un monto de hasta 560 millones de euros para aumentar su participación accionaria hasta el 90% para llevar a cabo un control más exhaustivo, dejando a la iniciativa privada en un lugar completamente marginal. 

La economía francesa se encuentra cada vez más intervenida, más regulada y con un menor grado de competitividad relativa a la propia Unión Europea y el resto del mundo. Macron, que muchos al día de hoy reconocen como de ideología liberal, en términos económicos es el más estatista en más de cuatro décadas.

En 2021 el ministro de Economía Bruno Le Maire dio marcha atrás con sus propias declaraciones negando “cualquier posibilidad de nuevas estatizaciones”, y se decidió incrementar el peso accionario del Gobierno francés en la firma aeronáutica Air France-KLM hasta el 28,6%.

El Estado retenía hasta el 54,4% del paquete accionario en 2003, su participación cayó por debajo del 14,3% tras la privatización parcial del expresidente Jacques Chirac en 2004, pero bajo la administración de Emmanuel Macron se volvió a retroceder en la apertura hacia la iniciativa privada.

La última gran apuesta del oficialismo fue la estatización total de Electricité de France (EDF), la principal empresa de generación de electricidad en el país en junio de 2022. EDF es una de las empresas eléctricas más importantes del mundo y la principal proveedora de electricidad no solo en Francia si no que en toda Europa occidental. En el año 2017, esta empresa llegó incluso a ocupar el segundo lugar en la producción eléctrica mundial, solo por detrás de la China Energy Investment Corporation.

Macron tiene pensado seguir con las estatizaciones a lo largo de su segundo mandato que tiene duración hasta 2027, tras su reelección el año pasado, estuvo muy cerca de perder frente a la derechista Marine Le Pen, a la que irónicamente había acusado de “estatista” en la campaña de 2017.