Tras 80 años del Holocausto, Alemania firma un acuerdo multimillonario para adquirir un sistema antimisiles de fabricación israelí, el mayor acuerdo para la industria militar de Israel.

Alemania ha firmado un acuerdo para adquirir el sistema de defensa antimisiles de fabricación israelí llamado Arrow 3, el cual está compuesto por misiles hipersónicos, que se convertirá en una parte clave de la defensa de Europa contra ataques aéreos. Berlín ha dicho que espera que el sistema Arrow 3 se entregue en el último trimestre de 2025.

La firma del acuerdo en Berlín durante al jornada del jueves fue un “día histórico” para ambos países, confirmó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una conferencia de prensa junto a su homólogo israelí, Yoav Gallant.

Con un valor aproximado de 3.500 millones de dólares, la venta se convierte en el mayor acuerdo para la industria militar de Israel. El sistema Arrow 3 hará que “la defensa aérea alemana esté lista para el futuro”, aseguró Pistorius.

Con sus fuerzas armadas fortalecidas, Israel es ahora el noveno mayor exportador de equipo y tecnología militar, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Además, las exportaciones de armas israelíes alcanzaron un nuevo récord de 12.500 millones de dólares el año pasado, doblando la cantidad en solo tres años, según informan desde el Ministerio de Defensa.

Por su parte, Alemania ha liderado un impulso para reforzar las defensas aéreas de la OTAN en Europa después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Podemos ver con los ataques rusos diarios contra Ucrania cuán importante es la defensa antiaérea“, dijo Pistorius en la ceremonia de firma del acuerdo.

La firma del acuerdo fue un “evento conmovedor para cada judío“, dijo Gallant, haciendo referencia al Holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. “Solo 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Israel y Alemania se unen hoy para construir un futuro más seguro“, afirmó.

El sistema Arrow 3, diseñado para derribar misiles sobre la atmósfera de la Tierra, tiene como objetivo proteger a Alemania y sus vecinos de los misiles balísticos que pueden transportar ojivas nucleares interceptándolas hasta 2.400 kilómetros de distancia. El sistema fue desarrollado y producido por Israel y Estados Unidos, razón por la cual la venta tuvo que ser aprobada por Washington antes de que pudiera finalizarse.

El sistema se desplegó por primera vez en una base de la fuerza aérea israelí en 2017 y se ha utilizado para proteger a Israel contra los ataques de Irán y Siria. Arrow 3 es un “sistema móvil” que se puede implementar dependiendo de las amenazas enfrentadas, según el fabricante Israel Aerospace Industries.

Cabe recordar que Israel ha recibido ayuda militar estadounidense, equivalente a más de 125.000 millones, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado en 2021. Esto le ha ayudado a construir “uno de los ejércitos más capaces y efectivos del mundo y ha convertido a la industria militar israelí y al sector tecnológico en uno de los mayores exportadores de capacidades militares en todo el mundo”, según el informe.

El dinero para el acuerdo proviene de un fondo de 100.000 millones de euros presentado por el canciller alemán, Olaf Scholz, para reforzar las defensas del país a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Más de una docena de países europeos se han adherido hasta ahora al proyecto común de defensa aérea de Alemania, conocido como European Sky Shield Initiative. El proyecto implicaría la adquisición conjunta de sistemas de corto, mediano y largo alcance, incluido el IRIS-T de fabricación alemana, el sistema Patriot estadounidense y el Arrow 3 israelí. Sin embargo, algunos de los vecinos de Alemania se han negado hasta ahora a firmar el pacto, incluidos Francia y Polonia.

Cabe recordarse que, a medida que las ventas de armas israelíes han sido alimentadas por la guerra de Ucrania, Israel se ha abstenido de vender armas a dicho país en un aparente esfuerzo por evitar enemistarse con Rusia.

El grupo parlamentario socialdemócrata se muestra abiertamente partidario de introducir una histórica y aplastante regulación sobre el mercado inmobiliario alemán. Se trata de una respuesta desesperada a la escasez de viviendas, algo que también es resultado de la falta de desregulación y la escasez de permisos de edificación en el país.

La agenda política del socialismo alemán se radicaliza cada vez más. En esta oportunidad, el canciller Olaf Scholz propone congelar el precio de los alquileres por un período de 3 años, una medida que cuenta con el respaldo del grupo parlamentario socialdemócrata (la principal cabeza de la coalición oficialista).

La polémica “coalición semáforo”, compuesta por el Partido Socialdemócrata (SPD), el partido de Los Verdes (Grüne) y los supuestos “liberales” del Partido Democrático Libre (FDP), ya habían acordado endurecer el tope de aumentos legales para los alquileres del 20% a solo el 11% anual en 2021. Pero Scholz ahora quiere cambiar el acuerdo unilateralmente y exige una mayor regulación e intervención discrecional del Estado.

Se propone congelar los alquileres para todos aquellos nuevos contratos que entren en vigencia. Pero para los contratos ya firmados, el Gobierno socialista propone lisa y llanamente vulnerarlos y modificar deliberadamente las cláusulas para las cuales ambas partes se habían comprometido.

Los alquileres que se encuentren indexados por la inflación serán intervenidos, y la nueva cláusula de actualización se corresponderá con un índice de “costos” elaborado por el Estado, que tendría en consideración los gastos promedio de alquileres sin servicios públicos.

Las medidas se toman en respuesta a la dramática escasez de viviendas que ya se observa en los grandes centros urbanos de Alemania. Entre otras explicaciones, la rigidez regulatoria para la construcción de nuevas unidades es una de las causas principales detrás de este fenómeno.

En lugar de ampliar y favorecer la oferta de viviendas permitiendo nuevas construcciones, Scholz optó por la receta facilista y sin ninguna chance de éxito, interviniendo los alquileres. Este tipo de programas solo contribuyen a desalentar activamente la oferta de inmuebles en el mercado, ya que los propietarios responden a incentivos y tratarán de protegerse frente a la reducción de su ingreso.

De hecho, no es necesario buscar evidencia fuera de Alemania para encontrar el fracaso de los controles de alquileres. Las restricciones llevadas a cabo recientemente en Berlín demostraron que la intervención discrecional de los contratos no beneficia a los inquilinos, sólo se desalienta la oferta de viviendas en desmedro de ambas partes (y especialmente de las personas que más necesitan alquilar).

La evidencia empírica sugiere que el control de los alquileres beneficia a los inquilinos que pudieron firmar un contrato regulado (en una primera instancia), produciendo una locución del valor real de los pagos en detrimento del propietario.

En una segunda instancia, los nuevos contratos llegan con recargos debido a la contracción de la oferta de viviendas, en perjuicio de los nuevos inquilinos. Y en una tercera etapa, cuando no solo se firman nuevos contratos sino que además vencen los originales, el encarecimiento en el precio de los alquileres los afecta a todos.

El déficit volvió a superar el 3% del PBI y el Gobierno estima que para fin de año llegará por lo menos al 4,25% del producto. Con estos resultados, Alemania volvió a incumplir el Tratado de Maastricht de la Unión Europea.

El Gobierno socialista de Alemania presidido por Olaf Scholz volvió a incumplir sus compromisos para recuperar la disciplina fiscal. El déficit financiero total de Alemania volvió a superar el 3% del PBI al término del primer trimestre del año.

De esta forma, el país volvió a incumplir oficialmente las reglas fiscales previstas en el Tratado de Maastricht, incluso habiéndo superado la pandemia y considerando que el nivel de actividad se recuperó del impacto con respecto a la fuerte caída del 2020. La actividad y el empleo se recuperaron, pero las finanzas públicas jamás retornaron a la normalidad.

El resultado primario (excluyendo el creciente pago de intereses de deuda pública) marcó un déficit equivalente al 2,36% del PBI en los primeros tres meses del año, por lo que prácticamente se duplicó desde el segundo trimestre del año pasado.

Esto responde a los estímulos fiscales desplegados por el Gobierno de Scholz en respuesta al shock energético de la guerra de Ucrania. El estímulo anunciado totalizó los 200.000 millones de euros para ser aplicados hasta el año fiscal 2024, boicoteando completamente las metas fiscales convencionales.

La actividad económica se estancó en el segundo trimestre, y la recesión ya acumula 9 meses de duración. Los ingresos del Estado alemán se contrajeron fuertemente por la retracción de la economía en la primera mitad del año.

Las estimaciones oficiales sugieren que el déficit financiero total seguirá creciendo hasta el 4,25% del PBI para fin de año, más de 1,25 puntos del PBI por encima del límite de Maastricht. Dada esta peligrosa trayectoria, el stock de deuda pública en relación al PBI tampoco podrá converger al 60% que establece el acuerdo fiscal de la UE.

La deuda pública cerraría el año llegando a representar el 67,8% del PBI, partiendo del 66,3% al cierre del año pasado. La relación deuda/PBI no podrá bajar del 65% del PBI hasta 2026, según sugieren las estimaciones de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania.

El ministro de Finanzas liberal Christian Lindner anunció un programa de ajuste fiscal por 30.600 millones de euros para 2024, junto con una meta de déficit presupuestario equivalente al 0,35% del PBI y superávit programado para 2025. Pero para lo que resta del 2023, los desequilibrios no lograrán adecuarse a los compromisos de la UE.

A diferencia de lo que ocurrió en la crisis internacional de 2008, la mayor parte del déficit lo componen los gastos corrientes del Estado y no los intereses de deuda (incluso a pesar de la política restrictiva del Banco Central Europeo). 

Mientra que en aquel entonces Alemania solo demoró 8 trimestres en volver a conseguir el superávit primario, desde el estallido de la pandemia ya se acumulan 12 trimestres con déficit primario, algo que no ocurría desde hace casi dos décadas.