La izquierda oficialista en la Comunidad Autónoma declaró que expropiará entre 50 y 70 viviendas en jurisdicciones de “fuerte demanda”, destruyendo por completo la garantía de los derechos de propiedad en la región.

El Gobierno de Pere Aragonès anunció la que probablemente sea su medida más extremista en lo que va del mandato: se expropiarán entre 50 y 70 viviendas vacías sobre jurisdicciones catalogadas como “áreas de fuerte demanda de vivienda”, todo esto amparándose en las disposiciones previstas por la Ley de Vivienda de 2020.

Para esta disposición el Gobierno catalán asignó un total de hasta cinco millones de euros para llevar a cabo la expropiación, sin importar si esta cifra es suficiente o no para compensar realmente el valor de mercado de las propiedades afectadas. 

El proceso se llevará a cabo independientemente de si se llega a un acuerdo con los usuarios afectados. La normativa prevé un “procedimiento de urgencia” que consuma la expropiación de todos modos en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el propietario de la vivienda en cuestión, a partir de un plazo de tres meses. 

Asimismo, se detectó que un total de 189 viviendas cumplen formalmente con los requisitos para que el Gobierno regional pueda justificar aún más expropiaciones, tanto en propiedad de personas particulares como de sociedades. La mayor parte de los tenedores de estos pisos son bancos o fondos de inversión, con lo cual se desalienta profundamente la inversión en el sector de la construcción sobre la Comunidad Autónoma.

Este acto supone una lisa y llana violación a los derechos de propiedad en la Comunidad Autónoma, que cada año expulsa cada vez más inversores potenciales. Mediante esta maniobra el Gobierno llevará a cabo una suerte de alquiler “social”.

Se trata de una medida incluso más extremista que un ahorro forzoso propiamente dicho, ya que los propietarios son directamente despojados de sus inmuebles. Las viviendas expropiadas pasarán a la administración del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL).

Se verán afectados un total de 14 municipios a lo largo y ancho de Cataluña: Cornellá de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallés, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Figueras, Lloret de Mar, Salt (Gerona), Reus, Roda de Berá y Tarragona y Valls (Tarragona) respectivamente.

La región de Cataluña ostenta la peor dinámica inversora de los últimos años. La inversión extranjera directa en la Comunidad representó los 3.883 millones de euros al cierre de 2022, un valor extremadamente bajo en comparación con regiones más atractivas y competitivas en España como la Madrid (con 17.225 millones de euros) y el País Vasco (5.515 millones de euros) que le arrebató el segundo lugar a Cataluña por primera vez en décadas.

De hecho, la inversión foránea en Cataluña se desplomó un 53,24% desde el máximo registrado en 2016, mientras que en el mismo período la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid se disparó más de 40% y en el País Vasco el salto llegó al 159%.

La economía española atraviesa importantes dificultades para sostener el crecimiento de la actividad real. El Gobierno socialista profundizó los desequilibrios fiscales, aumentó la presión tributaria e incrementó el peso regulatorio del Estado en los mercados.

El gobierno de Pedro Sánchez no tiene mucho que mostrar en vista a las elecciones generales. La economía española se convirtió en un caso paradigmático en Europa: aún no logra recuperarse del shock provocado por la pandemia en 2020, y el ingreso per cápita permanece estancado desde hace 16 años. Junto con Grecia e Italia en la delantera, España registra los peores resultados de la zona Euro.

El PBI español todavía acumula una caída del 1,32% con respecto al nivel que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Asimismo, corrigiendo por el aumento de la población la caída asciende al 2,06%. El ingreso real por habitante solamente creció un 0,4% desde el segundo trimestre de 2007 y hasta el primero del año 2023.

España acumula una brecha de hasta el 12,4% en comparación a la evolución del PBI estadounidense desde el primer trimestre del año 2000, mientras que la misma comparación con Alemania arroja un diferencial del 7,23%. Lo mismo ocurre con respecto al dinamismo de Francia, Holanda, Bélgica e incluso Portugal.

Y si bien la actividad recuperó al menos la mayor parte del nivel perdido durante la pandemia, las finanzas públicas no pudieron retornar a la situación previa al 2020. El déficit fiscal del Gobierno español escaló al 4,81% del PBI en el cuarto trimestre del año pasado, una cifra holgadamente superior en comparación al 3,1% observado en el último cuarto de 2019.

Las sucesivas reformas tributarias llevadas a cabo por el Gobierno socialista consiguieron aumentar la recaudación efectiva del 39,2% del PBI en 2019 al casi el 43% para el cuarto trimestre de 2023, pero ni así fue suficiente para paliar el brutal incremento del gasto público.

El tamaño del Estado en la economía se expandió vigorosamente y pasó de representar el 42,3% del PBI en 2019 al 47,8% de acuerdo a las últimas cifras disponibles para el año pasado. Se trata del nivel más elevado desde 2013, sin contabilizar el impacto fiscal que provocó la pandemia por la incursión de gastos extraordinarios y de emergencia.

La calificación crediticia de los bonos soberanos españoles aún sigue muy por debajo de la que había entre 2001 y 2010. Según el sondeo elaborado por la agencia Moody’s la deuda española se mantiene estable en la categoría “baa1” que se asocia con un “grado medio de riesgo”, un parámetro que está lejos de los elevados estándares observados en otras economías desarrolladas como Alemania y Estados Unidos. 

No solamente se incrementó el stock de deuda pública desde que España perdió su tendencia de crecimiento histórica, sino que además cada bono adicional colocado en los mercados mantiene una reputación cada vez más baja. Sin crecimiento y con desequilibrios fiscales crecientes, las perspectivas para el sostenimiento de la deuda pública de España son pesimistas. 

Los agresores son todos menores de edad y algunos, que ni siquiera han cumplido los 14 años, son inimputables y están en libertad. Fueron identificados como gitanos parte de un clan local.

La familia de la menor de 11 años que sufrió una violación grupal en el shopping Màgic de Badalona a manos de seis gitanos, en noviembre de 2022, tuvo que huir de la ciudad a principios de mes por múltiples amenazas de muerte que recibieron de parte de los agresores, que al día de hoy están todos en libertad.

El juez de turno debió dejar en libertad a los agresores ya que todos son menores de edad, que van de 14 a 18 años. Mientras se desarrolla el juicio, se les aplicó medidas cautelares que prohíben la comunicación con la víctima, además de una orden de alejamiento tanto de la casa donde vive la víctima como del centro comercial badalonés.

Sin embargo, esto no frenó que los desatados agresores, sabiendo que se pueden manejar con total impunidad en el país, han estado llamando a los familiares de la víctima y amenazándolos con que van a repetir el delito.

La madre de la niña ha dejado el trabajo para afrontar los trámites judiciales y acompañar a la niña al psiquiatra, al cual tiene que ir “varias veces por semana” porque le quedaron “ataques de pánico“. Cabe recordar que la menor declarará en junio ante la Fiscalía y tiene que tener la aprobación del psiquiatra para poder hacerlo.

La gota que rebalsó el vaso fue un llamado al hermano de la víctima, también menor de edad, quien recibió amenazas de muerte de una persona que dijo que era amiga de los violadores. Inmediatamente después de esa llamada, la familia decidió abandonar Barcelona, y se han ido a otroa ciudad española no identificada.

El hecho: Un conflicto de fondo entre gitanos y marroquíes

La niña, originaria de Ghana, parece ser víctima de un conflicto que va más allá de este crimen en particular. Desde el aluvión de inmigración masiva del norte de África que empezó hace ya casi una década, la ciudad de Barcelona se ha convertido en el foco de enfrentamientos entre la comunidad gitana y los refugiados marroquíes.

Es por esto que, los miembros de los clanes gitanos, especialmente los niños, salen a las calles a agredir a los inmigrantes africanos, mientras que los miembros de los clanes marroquíes hacen exactamente lo mismo contra gitanos y los españoles en general.

Así, la menor de 11 años, fue agredida pero no dijo nada por casi un mes, hasta que su hermana mayor le dijo a los padres que en su escuela corría un video en el que aparecía la niña siendo atacada por estos sujetos. La chica ahí reveló entonces lo que había pasado.

Explicó que un sábado al mediodía, posiblemente el pasado 19 de noviembre del 2022, había acudido sola al centro comercial Magic de Badalona diciéndole a su madre que iba a dar una vuelta con sus amigas por el vecindario.

En el Magic, mientras se encontraba mirando ropa, y aparentemente estaba esperando a su amiga, fue abordada por un grupo de 6 adolescentes gitanos que, a punta de cuchillo, la condujeron al baño del centro y allí la agredieron sexualmente.

“Cuando terminaron se fueron y la dejaron tirada“, ha relatado la hermana mayor de la víctima. La menor aseveró asimismo que había tratado de explicar lo sucedido a un guardia de seguridad del cnetro comercial pero que el hombre no quiso involucrarse cuando vio quiénes eran los agresores.

Debido a los movimientos de izquierda en España, que se rasgan las vestiduras defendiendo a las minorías y a los refugiados africanos, la policía y la gente en general no quiere involucrarse en casos donde puedan ser escrachados por “racistas” o “xenófobos”, y menos en enfrentamientos entre estos dos grupos.

Después de que el caso saliera a la luz a fines del año pasado, se han denunciado tres casos más en el mismo sitio, hechos que los Mossos d’Esquadra están investigando como un patrón, ya que parecería que los inmigrantes marroquíes han elegido el shopping para hacer estar violaciones grupales.

Para clamar contra la insólita situación que ya parece ser sistémica, el pasado sábado 29 de abril, cerca de 200 personas se manifestaron en Badalona para denunciar las violaciones destapadas y pedir por medidas concretas en contra de los agresores.