El año pasado, Finlandia cerró todos los pasos terrestres con Rusia, acusando a Moscú de intentar utilizar la migración como un arma. Las autoridades finlandesas han afirmado que Rusia está fomentando y facilitando un flujo de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera.

El pasado viernes, en su aumento de tensiones con Rusia, Finlandia aprobó un proyecto de ley que permitirá a los agentes fronterizos rechazar a los inmigrantes ilegales que soliciten asilo en las fronteras.

Las relaciones entre Finlandia y Rusia, que comparten una frontera de 1.340 kilómetros, se han deteriorado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. A finales del año pasado, Finlandia cerró todos los pasos terrestres con su vecino, acusando a Rusia de intentar usar la migración como un arma. Las autoridades rusas han calificado estas acusaciones de "infundadas".

El Parlamento votó 167 a favor y 31 en contra para aprobar el proyecto de ley, que estará en vigor durante un año. Como se trata de una enmienda constitucional acelerada, se necesitó una mayoría cualificada mayor a la habitual para su aprobación.

La nueva legislación otorga a las autoridades el poder de rechazar la aceptación de solicitudes de asilo en la frontera por un máximo de un mes y de expulsar a los inmigrantes que ya hayan ingresado al país con la intención de solicitar asilo. La práctica de obligar a los ilegales a cruzar de vuelta la frontera, conocida como “devoluciones forzadas”, es "ilegal" según el derecho europeo e internacional.

"Espero que esta ley nunca tenga que aplicarse, pero estamos preparados", afirmó el primer ministro Petteri Orpo tras la votación. "Esto envía un mensaje claro a Rusia y a nuestros aliados: Finlandia se preocupa por su seguridad nacional y por la seguridad de las fronteras de la Unión Europea".

Preocupados por las "responsabilidades" de Finlandia en materia de derechos humanos, los legisladores de izquierda de dicho país negociaron intensamente el lenguaje de la ley, incluyendo los "medios para que los solicitantes de asilo pudieran apelar", con el objetivo de que los inmigrantes ilegales puedan ingresar al país.

El proyecto de ley cuenta con un amplio respaldo del pueblo de Finlandia. Según una encuesta encargada por un importante periódico finlandés a finales de junio, alrededor del 65 por ciento de los finlandeses apoyaba la ley, mientras que solo el 19 por ciento se manifestó en contra.

Finlandia y Rusia tienen un pasado complicado y han librado varias guerras a lo largo de la historia. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Finlandia rompió con décadas de no alineamiento militar para unirse a la OTAN el año pasado, una medida que Moscú advirtió sería respondida con “contramedidas”.

Desde entonces, las autoridades finlandesas han afirmado que Moscú está fomentando y facilitando un flujo de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, con la intención de avivar la polarización dentro del país. Más de 1.300 indocumentados han cruzado la frontera ruso-finlandesa en busca de asilo desde el verano pasado, según las autoridades fronterizas, en su mayoría provenientes de Oriente Medio y África. Sin embargo, Rusia ha negado que esté trasladando deliberadamente migrantes a la frontera con Finlandia.

Los cierres de fronteras implementados por Finlandia han sido efectivos: desde diciembre, solo unos 35 inmigrantes han cruzado ilegalmente al país desde Rusia, según la emisora finlandesa Yle.

Pero las autoridades finlandesas afirman que los inmigrantes están esperando en las ciudades fronterizas y que intentarán cruzar si se vuelven a abrir los puestos de control fronterizos.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, acusó a Rusia de intentar “destruir la unidad en Finlandia”, según los medios de comunicación locales, y defendió la legislación aprobada el viernes como necesaria para combatir futuras amenazas a la seguridad nacional.

El expremier conservador y gran aliado de la OTAN se impuso en la segunda vuelta al ex canciller Pekka Haavisto, de Los Verdes, y permitirá un mayor alineamiento entre el Primer Ministro y la Presidencia.

Tras las elecciones del año pasado donde la derecha arrasó en las elecciones legislativas, y se quedó no solo con la mayoría en el Parlamento si no que colocó al conservador Petteri Orpo como Primer Ministro, los finlandeses volvieron a ratificar el rumbo y votaron a Alexander Stubb como nuevo presidente del país.

Si bien el cargo de presidente es más bien ceremonial en Finlandia, un mandatario de distinto color político al Primer Ministro puede bloquear múltiples leyes y reformas, y ha sido un obstáculo muy dificultoso en la política finlandesa en el pasado.

Pero este escenario quedó en el imaginario de la oposición, ya que rápidamente los resultados provisorios otorgaron el 52,7% a Rubb, contra el 47,3% de su rival, Pekka Haavisto, miembro de Los Verdes, que se presentaba como líder de la izquierda unida.

Stubb es un auténtico peso pesado de la política europea, habiendo sido Primer Ministro entre 2014 y 2015, fue varias veces ministro de Gobierno, incluido como Canciller, el segundo cargo más importante del Gobierno.

También se desempeñó como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y actualmente era el director de la Escuela de Gobernabilidad Europea y Transnacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia, un importante think-tank conservador.

Su elección también implica que los finlandeses apuestan fuerte por el nuevo rumbo pro-OTAN de Finlandia, luego de que el país abandonara su histórica neutralidad para unirse al grupo militar que encabeza Estados Unidos.

El nuevo jefe del Estado tendrá que hacer frente a la situación de extrema tensión que atraviesa su país con la vecina Rusia, provocada por la guerra en Ucrania y su ingreso a la OTAN. En Finlandia, el Presidente tiene poder de veto y dirige, junto al Canciller, la política extranjera del Gobierno Nacional.

Pero también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, y en caso de una escalación en la guerra de Ucrania contra Rusia, sería él quien quedaría al frente del país, y no el Primer Ministro. Se trata, en estos momentos, la función política más caliente de Finlandia.

El actual presidente Sauli Niinisto, que era del partido de Petteri Orpo pero que hizo su carrera como independiente tras llegar al poder, se retira después del límite legal de dos mandatos de seis años. En el pasado, se enorgulleció alguna vez de haber mantenido relaciones estrechas con Vladimir Putin, antes de que la situación cayera en una situación de guerra.

La derecha finlandesa impone la responsabilidad fiscal como el principal objetivo a seguir por la administración. El país acumula 14 años sin superávit fiscal, a pesar de que desde 2015 los impuestos aumentaron estrepitosamente.

El gobierno de la Coalición Nacional, presidido por el derechista Petteri Orpo, se propone revertir y combatir los resultados del fracaso socialdemócrata en los últimos años. Por primera vez en 7 años, Finlandia eligió a una administración decida por dos cosas: bajar la presión impositiva y recortar el tamaño del Estado elefantiásico que azota la economía del país.

La gestión socialdemócrata entregó el país con el mismo margen de déficit fiscal que había en el año 2019 (antes de la pandemia), a pesar de haber aprobado una fuerte suba del impuesto sobre la renta. El nivel de actividad entró en recesión durante la segunda mitad de 2022 y actualmente permanece estancada. 

Asimismo, la tasa de desocupación persiste en el 7% y la escasez de mano de obra no cede. Bajo este panorama, el oficialismo prepara reformas para revitalizar la dañada economía.

Recorte al Impuesto a las Ganancias

Por primera vez en 7 años, tras sucesivas administraciones socialdemócratas o partidarios afines, el Gobierno de Finlandia propondrá una rebaja sobre el impuesto a las Ganancias de personas físicas, uno de los más importantes en el país por su peso en la recaudación total.

Se implementará una revaluación general de las deducciones por hijos e ingresos del trabajo, con el objetivo de que no solamente menos personas se vean alcanzadas por el impuesto, sino que además las que ya lo pagan también abonarán una contribución menor. La reforma incluye incentivos para fomentar la natalidad nacional, similares a los que ya están adoptando otros países europeos.

La deducción por hijo tendrá un valor inicial de 50 euros y el recorte total superará los 100 millones de euros, todavía muy modesto en comparación a los 1.000 millones prometidos en recortes durante la campaña electoral del oficialismo.

Recorte al “Estado de Bienestar”

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el Gobierno adopta una postura mucho más estricta para arribar al superávit fiscal por primera vez en 14 años. Se pretende arribar a un recorte total por 7.367 millones de euros para los próximos 8 años.

A continuación las principales partidas presupuestarias sujetas al ajuste fiscal:

• Educación: 149 millones de euros
• Servicios sociosanitarios: 2.050 millones de euros
• Seguridad social y prestaciones: 1.200 millones de euros
• Gastos ligados a la indexación de partidas: 519 millones de euros
• Agricultura y silvicultura, medio ambiente: 78 millones de euros
• Comercio, transporte, vivienda: 228 millones de euros
• Inmigración, cooperación al desarrollo, defensa y seguridad: 226 millones de euros
• Racionalización de la planta de personal del sector público: 276 millones de euros
• Mejora de la eficiencia de los condados de servicios de bienestar: 1.190 millones de euros
• Recorte a prestaciones vinculadas al índice nacional de pensiones o al índice de precios al consumo (excluyendo asistencia social): 387 millones de euros
• Prestaciones y ayudas a la vivienda: 363 millones de euros
• Prestaciones laborales: 175 millones de euros
• Recorte a servicios por cooperación al desarrollo: 283 millones de euros
• Mejora de la eficiencia del sector público: 243 millones de euros

También se llevará a cabo una reforma sobre las prestaciones por desocupación, a fin de reducir gastos y fomentar activamente la oferta laboral. Hasta ahora, el Estado otorgaba una prestación relacionada con los faltantes de ingresos por un período de 43 a 57 semanas dependiendo el caso. 

Con la reforma propuesta, a partir de la octava semana el nivel de beneficios se reduce hasta representar el 80% de la cuota original. Una vez pasadas las 34 semanas la cuota vuelve a caer al 75% del valor inicial. 

A fin de cumplir con los recortes a los servicios sociosanitarios, se prevé una mayor participación de las instituciones privadas dentro del sistema de salud, especialmente para abastecer la demanda que no puede ser eficientemente atendida por el sector público.

El Gobierno apuesta por la tercerización de servicios de atención e incrementar las concesiones para centros de salud privados, así como fomentar un aumento de la digitalización para reducir los tiempos de espera. Se pretende alcanzar un recorte neto por 1.400 millones de euros anuales antes de 2027, y 3.000 millones para el año 2031.