El expremier conservador y gran aliado de la OTAN se impuso en la segunda vuelta al ex canciller Pekka Haavisto, de Los Verdes, y permitirá un mayor alineamiento entre el Primer Ministro y la Presidencia.

Tras las elecciones del año pasado donde la derecha arrasó en las elecciones legislativas, y se quedó no solo con la mayoría en el Parlamento si no que colocó al conservador Petteri Orpo como Primer Ministro, los finlandeses volvieron a ratificar el rumbo y votaron a Alexander Stubb como nuevo presidente del país.

Si bien el cargo de presidente es más bien ceremonial en Finlandia, un mandatario de distinto color político al Primer Ministro puede bloquear múltiples leyes y reformas, y ha sido un obstáculo muy dificultoso en la política finlandesa en el pasado.

Pero este escenario quedó en el imaginario de la oposición, ya que rápidamente los resultados provisorios otorgaron el 52,7% a Rubb, contra el 47,3% de su rival, Pekka Haavisto, miembro de Los Verdes, que se presentaba como líder de la izquierda unida.

Stubb es un auténtico peso pesado de la política europea, habiendo sido Primer Ministro entre 2014 y 2015, fue varias veces ministro de Gobierno, incluido como Canciller, el segundo cargo más importante del Gobierno.

También se desempeñó como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y actualmente era el director de la Escuela de Gobernabilidad Europea y Transnacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia, un importante think-tank conservador.

Su elección también implica que los finlandeses apuestan fuerte por el nuevo rumbo pro-OTAN de Finlandia, luego de que el país abandonara su histórica neutralidad para unirse al grupo militar que encabeza Estados Unidos.

El nuevo jefe del Estado tendrá que hacer frente a la situación de extrema tensión que atraviesa su país con la vecina Rusia, provocada por la guerra en Ucrania y su ingreso a la OTAN. En Finlandia, el Presidente tiene poder de veto y dirige, junto al Canciller, la política extranjera del Gobierno Nacional.

Pero también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, y en caso de una escalación en la guerra de Ucrania contra Rusia, sería él quien quedaría al frente del país, y no el Primer Ministro. Se trata, en estos momentos, la función política más caliente de Finlandia.

El actual presidente Sauli Niinisto, que era del partido de Petteri Orpo pero que hizo su carrera como independiente tras llegar al poder, se retira después del límite legal de dos mandatos de seis años. En el pasado, se enorgulleció alguna vez de haber mantenido relaciones estrechas con Vladimir Putin, antes de que la situación cayera en una situación de guerra.

La derecha finlandesa impone la responsabilidad fiscal como el principal objetivo a seguir por la administración. El país acumula 14 años sin superávit fiscal, a pesar de que desde 2015 los impuestos aumentaron estrepitosamente.

El gobierno de la Coalición Nacional, presidido por el derechista Petteri Orpo, se propone revertir y combatir los resultados del fracaso socialdemócrata en los últimos años. Por primera vez en 7 años, Finlandia eligió a una administración decida por dos cosas: bajar la presión impositiva y recortar el tamaño del Estado elefantiásico que azota la economía del país.

La gestión socialdemócrata entregó el país con el mismo margen de déficit fiscal que había en el año 2019 (antes de la pandemia), a pesar de haber aprobado una fuerte suba del impuesto sobre la renta. El nivel de actividad entró en recesión durante la segunda mitad de 2022 y actualmente permanece estancada. 

Asimismo, la tasa de desocupación persiste en el 7% y la escasez de mano de obra no cede. Bajo este panorama, el oficialismo prepara reformas para revitalizar la dañada economía.

Recorte al Impuesto a las Ganancias

Por primera vez en 7 años, tras sucesivas administraciones socialdemócratas o partidarios afines, el Gobierno de Finlandia propondrá una rebaja sobre el impuesto a las Ganancias de personas físicas, uno de los más importantes en el país por su peso en la recaudación total.

Se implementará una revaluación general de las deducciones por hijos e ingresos del trabajo, con el objetivo de que no solamente menos personas se vean alcanzadas por el impuesto, sino que además las que ya lo pagan también abonarán una contribución menor. La reforma incluye incentivos para fomentar la natalidad nacional, similares a los que ya están adoptando otros países europeos.

La deducción por hijo tendrá un valor inicial de 50 euros y el recorte total superará los 100 millones de euros, todavía muy modesto en comparación a los 1.000 millones prometidos en recortes durante la campaña electoral del oficialismo.

Recorte al “Estado de Bienestar”

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el Gobierno adopta una postura mucho más estricta para arribar al superávit fiscal por primera vez en 14 años. Se pretende arribar a un recorte total por 7.367 millones de euros para los próximos 8 años.

A continuación las principales partidas presupuestarias sujetas al ajuste fiscal:

• Educación: 149 millones de euros
• Servicios sociosanitarios: 2.050 millones de euros
• Seguridad social y prestaciones: 1.200 millones de euros
• Gastos ligados a la indexación de partidas: 519 millones de euros
• Agricultura y silvicultura, medio ambiente: 78 millones de euros
• Comercio, transporte, vivienda: 228 millones de euros
• Inmigración, cooperación al desarrollo, defensa y seguridad: 226 millones de euros
• Racionalización de la planta de personal del sector público: 276 millones de euros
• Mejora de la eficiencia de los condados de servicios de bienestar: 1.190 millones de euros
• Recorte a prestaciones vinculadas al índice nacional de pensiones o al índice de precios al consumo (excluyendo asistencia social): 387 millones de euros
• Prestaciones y ayudas a la vivienda: 363 millones de euros
• Prestaciones laborales: 175 millones de euros
• Recorte a servicios por cooperación al desarrollo: 283 millones de euros
• Mejora de la eficiencia del sector público: 243 millones de euros

También se llevará a cabo una reforma sobre las prestaciones por desocupación, a fin de reducir gastos y fomentar activamente la oferta laboral. Hasta ahora, el Estado otorgaba una prestación relacionada con los faltantes de ingresos por un período de 43 a 57 semanas dependiendo el caso. 

Con la reforma propuesta, a partir de la octava semana el nivel de beneficios se reduce hasta representar el 80% de la cuota original. Una vez pasadas las 34 semanas la cuota vuelve a caer al 75% del valor inicial. 

A fin de cumplir con los recortes a los servicios sociosanitarios, se prevé una mayor participación de las instituciones privadas dentro del sistema de salud, especialmente para abastecer la demanda que no puede ser eficientemente atendida por el sector público.

El Gobierno apuesta por la tercerización de servicios de atención e incrementar las concesiones para centros de salud privados, así como fomentar un aumento de la digitalización para reducir los tiempos de espera. Se pretende alcanzar un recorte neto por 1.400 millones de euros anuales antes de 2027, y 3.000 millones para el año 2031.

El gobierno de Sanna Marin enfrentó una contundente derrota electoral por la falta de respuestas a los principales problemas económicos que atraviesa el país. La actividad cayó por dos trimestres consecutivos, la inflación supera el 8% y Finlandia no logra el equilibrio fiscal desde hace 13 años.

El resultado de los comicios electorales de Finlandia decidió darle la espalda a la Primer ministro Sanna Marin, dirigente del Partido Socialdemócrata y mandataria del país desde diciembre de 2019. Los finlandeses decidieron emprender un cambio de rumbo tras la falta de ordenamiento macroeconómico y fiscal.

Bajo la administración Marin todos y cada uno de los presupuestos aprobados fueron firmados con déficit fiscal, a pesar de que Finlandia (así como Noruega) históricamente se caracterizó por su celosa responsabilidad sobre las cuentas públicas. 

El Gobierno findlandés no logra recuperar el equilibrio presupuestario desde el año 2009. Los sucesivos gobiernos centristas o socialdemócratas no mostraron mayor preocupación por retornar la normalidad. Bajo la gestión de Marin el déficit financiero total se incrementó del 0,95% del PBI en diciembre de 2019 hasta el 1,6% del producto hacia el segundo trimestre de 2022, para luego moderarse al 1,34% del PBI en el tercer trimestre.

El gasto público finlandés representó el 53,6% del PBI en el tercer trimestre del año pasado, un resultado muy similar al que había antes de la pandemia y una de las métricas más grandes de Europa (por detrás Francia, que alcanza el 56% del PBI). 

Y si bien el déficit opera en valores relativamente similares a los que había en 2019, el shock fiscal provocado por la pandemia se financió con endeudamiento. El stock de deuda pública se incrementó drásticamente del 65% del PBI al 71% al término de 2022.

La negativa de la Primer Ministro por reformar el Estado y retornar al equilibrio fiscal de 2009 se añadió a un shock exógeno e imprevisto en 2020. Esta dinámica fue uno de los factores que contribuyeron a dañar su imagen en vista a los pobres resultados cosechados en la contienda electoral (solo un 20% del electorado respaldó su programa político).

En plena pandemia y frente a una aguda recesión, el programa del oficialismo socialdemócrata emprendió una reforma tributaria para subir los impuestos a los ingresos directos y las cargas patronales. La cuña impositiva aumentó, pero los ingresos fiscales no subieron como se esperaba.

La tasa marginal máxima para el impuesto a las Ganancias escaló al 56,95% desde 2020 (una de las más altas del mundo), y la tasa aplicada para las cargas sociales a cargo de los empleados ascendió al 11,76% en 2020 y 10,9% en 2021 (partiendo del 9,8% del salario imponible en 2019). 

La recaudación impositiva representó el 52,2% del PBI en el tercer trimestre del año pasado, ligeramente por debajo del 52,4% observado en diciembre de 2019 (antes de la reforma tributaria). Aunque la economía se recuperó del shock de 2020, y aún con impuestos más altos, la recaudación es prácticamente la misma.

La actividad económica sufrió una caída del 0,1% en el segundo trimestre de 2022 y hasta un 0,6% en el tercero, entrando así oficialmente en una nueva recesión. La variación interanual del PBI se redujo del 2,8% al 0% en ese período, y las estimaciones para el último trimestre del año pasado sugieren que la economía ya habría entrado en el terreno negativo. 

Este proceso se produce, además, en el marco de la inflación más elevada de los últimos 40 años. Los precios minoristas aumentaron un 8,8% interanual en febrero de 2023, y tuvieron una suba récord de 9,1% entre noviembre y diciembre del año pasado. Finlandia entró en una situación de estanflación como no ocurría desde la segunda mitad del siglo XX.