El alcalde de la ciudad neoyorquina de Buffalo firmó un decreto en el cual prohíbe a la policía cooperar con las autoridades del servicio migratorio.
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El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe a la policía local y a otros empleados municipales cooperar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración civil, una decisión que ha provocado críticas por parte del gobierno federal y de sectores que advierten sobre posibles riesgos para la seguridad pública.
La orden establece que los empleados de la ciudad no podrán preguntar por el estatus migratorio de las personas al brindar servicios municipales, ni compartir bases de datos no públicas con agencias federales de inmigración.
También se prohíbe el uso de instalaciones municipales para operativos migratorios y la participación en programas de cooperación como el 287(g), que permite a cuerpos policiales locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El decreto aclara que la ciudad sí cumplirá con órdenes judiciales y cooperará en casos de inmigración criminal, pero deja en manos del gobierno federal toda la responsabilidad sobre la aplicación de la ley migratoria civil.
Sean Ryan firmó la orden ejecutiva que prohíbe consultar a las personas su estatus migratorio
Ryan defendió la medida afirmando que las acciones de ICE y otras agencias federales han generado ''miedo y confusión'' en las comunidades, lo que, según él, desalienta a las personas a denunciar delitos o solicitar servicios públicos básicos.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la reacción fue inmediata. En un comunicado, un portavoz afirmó que ''Buffalo será menos segura como resultado directo de la orden ejecutiva'', al considerar que la cooperación entre las autoridades locales y federales es fundamental para identificar y detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales graves, incluidos miembros de pandillas y delincuentes violentos.
El DHS sostuvo que cuando las ciudades limitan la colaboración con ICE, las agencias federales se ven obligadas a aumentar su presencia directa en las comunidades para localizar a personas que representan un riesgo. Según el gobierno federal, este tipo de medidas no elimina la aplicación de la ley migratoria, sino que la vuelve más visible y potencialmente más conflictiva.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
La orden ejecutiva sitúa a Buffalo dentro del grupo de ciudades conocidas como ''santuario'', junto a Nueva York, Rochester y Syracuse, lo que podría derivar en consecuencias financieras.
La administración federal ha advertido que las jurisdicciones que se nieguen a cooperar con la aplicación de las leyes migratorias podrían enfrentar la cancelación de fondos y contratos federales. Nueva York y varias de sus ciudades ya figuran en listas oficiales de jurisdicciones en presunto desacato.
Críticos del alcalde Ryan sostienen que la medida responde más a una postura política que a criterios de seguridad pública. Estos han argumentado que limitar la cooperación con ICE dificulta la identificación de personas con antecedentes penales y debilita la capacidad de las fuerzas del orden para proteger a los residentes.
Con esta medida, Buffalo se convierte en una nueva ''ciudad santuario'' en Nueva York
Además, señalan que en regiones fronterizas como el oeste del estado de Nueva York, donde los arrestos migratorios han aumentado, la coordinación entre agencias es clave.
Aunque organizaciones defensoras de inmigrantes ilegales y algunos líderes locales respaldaron la orden, persisten interrogantes sobre su implementación y supervisión. No se han detallado los mecanismos para sancionar a los empleados municipales que incumplan la norma, ni se ha aclarado cómo se medirá su impacto en la seguridad.
