Una auditoría del gobierno de Kast detectó un riesgo fiscal de USD 9.200 millones durante el gobierno de Gabriel Boric

Entre los organismos más cuestionados aparecen hospitales públicos, servicios de salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y el Registro Civil. Además, se detectaron recursos públicos entregados a entidades sin inscripción oficial, concursos públicos fallidos y fondos pendientes de recuperar vinculados a licencias médicas.

Uno de los puntos más preocupantes detectados por la auditoría fue la existencia de USD 3.200 millones en pagos postergados por parte del Estado, equivalentes a cerca del 1% del PIB chileno. Dentro de esos montos aparecen deudas con casi 10.000 pequeñas y medianas empresas proveedoras, además de recursos comprometidos para universidades, programas sociales y el sistema de salud.

El informe también detectó más de USD 3.170 millones en compras realizadas mediante mecanismos de “trato directo” y compras ágiles, incluso en situaciones donde podían haberse realizado licitaciones públicas normales. Esto habría generado sobreprecios cercanos a USD 760 millones para el Estado chileno.

Frente a este escenario, el gobierno de Kast ya ordenó abrir investigaciones internas en distintos organismos estatales, incluyendo la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

La auditoría se suma además a otras advertencias económicas realizadas durante los últimos meses sobre la situación fiscal heredada por la administración de Boric. El actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció recientemente “inconsistencias” en las proyecciones oficiales de deuda pública y aseguró que la administración anterior habría subestimado la deuda chilena futura en más de USD 10.500 millones.

El impacto político ya comenzó a sentirse en Chile. El oficialismo de Kast sostiene que la auditoría confirma años de “desorden fiscal” y gasto excesivo durante la administración de izquierda, mientras la oposición denuncia que el nuevo gobierno intenta utilizar políticamente los resultados para desacreditar el legado de Boric.