El gobierno chileno de José Antonio Kast reveló los primeros resultados de la denominada “auditoría total” sobre la administración del ex presidente Gabriel Boric y aseguró haber detectado un riesgo fiscal superior a los USD 9.200 millones, en medio de crecientes críticas por el manejo económico y presupuestario de la anterior gestión de izquierda.
La revisión fue realizada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) e incluyó el análisis de más de 913 millones de datos provenientes de alrededor de 500 organismos públicos correspondientes al período 2022-2026. Según explicó la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, la investigación encontró “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias e irregularidades”.
Uno de los puntos más preocupantes detectados por la auditoría fue la existencia de USD 3.200 millones en pagos postergados por parte del Estado, equivalentes a cerca del 1% del PIB chileno. Dentro de esos montos aparecen deudas con casi 10.000 pequeñas y medianas empresas proveedoras, además de recursos comprometidos para universidades, programas sociales y el sistema de salud.
El informe también detectó más de USD 3.170 millones en compras realizadas mediante mecanismos de “trato directo” y compras ágiles, incluso en situaciones donde podían haberse realizado licitaciones públicas normales. Esto habría generado sobreprecios cercanos a USD 760 millones para el Estado chileno.
