Bolivia avanza contra la corrupción: Rodrigo Paz eliminó las contrataciones directas en el Estado

Desde una perspectiva alineada con la transparencia institucional y el fortalecimiento de la economía de mercado, la iniciativa representa un avance significativo.

Desde el oficialismo sostienen que este sistema permitió el reparto de contratos millonarios por parte de pasados gobiernos izquierdistas en Bolivia bajo criterios políticos o personales, debilitando la transparencia y distorsionando el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, el nuevo decreto no se limita a prohibir las contrataciones directas, sino que también ordena auditorías sobre gestiones anteriores, lo que podría derivar en investigaciones más profundas sobre el destino de fondos estatales.

Funcionarios del gobierno calificaron la decisión como un “punto de quiebre”, al considerar que se desmonta una estructura que facilitaba prácticas irregulares arraigadas en la administración pública.

La eliminación de mecanismos discrecionales tiende a generar mayor previsibilidad para el sector privado, promoviendo reglas claras y competencia genuina en la adjudicación de obras y servicios.

Esto resulta clave en un contexto donde Bolivia busca recuperar la confianza de inversores y reactivar su economía tras años de estancamiento.

Asimismo, la medida se inscribe dentro de un programa más amplio de reformas impulsadas por el gobierno de Paz, orientadas a reducir el peso del Estado, eliminar regulaciones innecesarias y combatir lo que el oficialismo describe como un “modelo estatal ineficiente”.

En este marco, la lucha contra la corrupción no aparece como un discurso aislado, sino como parte de una estrategia integral para redefinir el rol del sector público.

Sin embargo, el verdadero desafío será sostener esta política en el tiempo y garantizar que los nuevos mecanismos de contratación no reproduzcan, bajo otras formas, las mismas prácticas que se buscan erradicar.