El gobierno de Rodrigo Paz decidio eliminar las contrataciones directas en el Estado y abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción estructural.
A través del Decreto Supremo 5600, la administración avanzó en la derogación de 161 normas que habilitaban adjudicaciones sin licitación, un mecanismo que durante años fue señalado como una puerta abierta a la discrecionalidad y el abuso de poder.
La medida, presentada en La Paz junto a su equipo económico, no solo implica un cambio técnico en los procedimientos administrativos, sino también una definición ideológica clara: poner fin a un modelo de gestión estatal que, según el propio mandatario, convirtió la excepción en regla.
Desde el oficialismo sostienen que este sistema permitió el reparto de contratos millonarios por parte de pasados gobiernos izquierdistas en Bolivia bajo criterios políticos o personales, debilitando la transparencia y distorsionando el uso de los recursos públicos.
En ese sentido, el nuevo decreto no se limita a prohibir las contrataciones directas, sino que también ordena auditorías sobre gestiones anteriores, lo que podría derivar en investigaciones más profundas sobre el destino de fondos estatales.
Funcionarios del gobierno calificaron la decisión como un “punto de quiebre”, al considerar que se desmonta una estructura que facilitaba prácticas irregulares arraigadas en la administración pública.
