En un operativo de gran escala, las fuerzas de seguridad del gobierno derechista de Bolivia lograron incautar más de 300 kilos de droga y desmantelar varias fábricas clandestinas de cocaína, en una acción que vuelve a poner en evidencia la profundidad del narcotráfico en el país.
Según informó el Viceministerio de Defensa Social, los procedimientos se llevaron a cabo entre el 1 y el 3 de abril en distintas regiones, incluyendo Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En total, se decomisaron más de 176 kilos de marihuana, alrededor de 100 kilos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y casi 1.000 litros de droga líquida.
Ernesto Justiniano, actual viceministro de defensa social
Además del secuestro de estupefacientes, las autoridades identificaron y destruyeron al menos cuatro fábricas de cocaína en el Trópico de Cochabamba, junto con grandes cantidades de insumos químicos utilizados para la producción ilegal, como ácido sulfúrico y combustible.
Sin embargo, el operativo también dejó al descubierto un problema aún más grave: la infiltración del narcotráfico en las propias estructuras estatales. Dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico fueron detenidos tras ser sorprendidos manipulando droga que debía ser incinerada, lo que derivó en su detención preventiva por 180 días.
Este episodio refuerza las críticas sobre la debilidad institucional que acecha a Bolivia mientras el gobierno de Rodrigo Paz intenta embarcar la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con estimaciones oficiales, el país tiene un potencial de producción de hasta 300 toneladas anuales, impulsado por el crecimiento de cultivos de hoja de coca.
Fuerzas de seguridad bolivianas manteniendo guardia
Parte de la expansión del narcotráfico dentro del estado boliviano se puede explicar con los gobiernos izquierdistas del país de los últimos 20 años que se encargaron de mantener y expandir la presencia del trafico de narcóticos en toda la región sudamericana causando que una parte clave de la economía boliviana este sustentada por la fabricación y venta de droga.
Actualmente, Bolivia cuenta con unas 40.000 hectáreas de coca, de las cuales más de la mitad están legalmente permitidas, lo que genera un terreno fértil para el desvío hacia actividades ilícitas.
En este contexto, el reciente operativo aparece como un avance puntual, pero también como un recordatorio de que el problema estructural persiste. Sin reformas profundas y un control más estricto, el narcotráfico continuará encontrando espacios para expandirse, incluso dentro del propio aparato estatal.
