Las Fuerzas Armadas y la Policía analizan videos de campesinos armados mientras el gobierno denuncia un intento de desestabilización impulsado por sectores afines a Evo Morales.
La crisis política y social en Bolivia volvió a escalar luego de que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de la Policía iniciaran investigaciones sobre la presencia de campesinos armados en distintos bloqueos y protestas contra el presidente Rodrigo Paz. El gobierno boliviano expresó preocupación por la circulación de imágenes y videos donde se observan grupos movilizados portando armas largas y otro tipo de armamento en medio de las manifestaciones.
Las autoridades sostienen que la situación representa una grave amenaza para la estabilidad institucional y refuerza las denuncias sobre un intento organizado de desestabilización impulsado por sectores vinculados al evismo. Durante las últimas semanas, Evo Morales y dirigentes cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) promovieron bloqueos, marchas y protestas exigiendo la salida del gobierno constitucional de Rodrigo Paz.
Los Ponchos Rojos, el grupo armado de Evo Morales
El Ministerio de Defensa boliviano confirmó que trabaja junto a unidades de inteligencia para determinar el origen de las armas y la posible existencia de grupos irregulares infiltrados entre los manifestantes. Funcionarios oficiales advirtieron que las fuerzas de seguridad actuarán “en el marco de la ley” para preservar el orden constitucional y evitar una escalada de violencia.
La tensión creció especialmente en La Paz y El Alto, donde durante los últimos días se registraron fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes que intentaban bloquear rutas estratégicas y accesos al aeropuerto internacional. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a grupos movilizados mientras continúan los operativos destinados a habilitar corredores humanitarios para el paso de alimentos, combustible y medicamentos.
El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que las protestas dejaron de ser simples reclamos sociales y se transformaron en una ofensiva política orientada a forzar la caída del actual gobierno. Las autoridades denunciaron además que los bloqueos ya provocaron graves consecuencias humanitarias, incluyendo desabastecimiento y muertes de personas que no pudieron recibir atención médica debido al cierre de rutas.
Javier Milei junto a Rodrigo Paz
En paralelo, Evo Morales continúa endureciendo su discurso contra Paz. Días atrás, el ex dictador incluso llegó a darle “90 días” al presidente para abandonar el poder, declaraciones que fueron interpretadas por el oficialismo como una amenaza directa contra la democracia boliviana.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con preocupación el deterioro de la situación interna. Organismos internacionales y varios gobiernos occidentales expresaron respaldo al orden constitucional boliviano y advirtieron sobre el riesgo de una mayor escalada de violencia si continúan las protestas armadas y los intentos de desestabilización.
