Bukele endureció la ley penal y habilitó la cadena perpetua para menores desde los 12 años

Desde el oficialismo sostienen que la reforma responde a una demanda social concreta: terminar con la impunidad en delitos violentos, independientemente de la edad de los responsables. En esa línea, el propio Bukele ha defendido públicamente estas medidas, argumentando que el sistema anterior favorecía a delincuentes que utilizaban su condición de menores como escudo judicial.

No obstante, la decisión generó críticas de organismos internacionales y sectores vinculados a los derechos humanos, sin embargo, estás mismas organizaciones internacionales negaron apoyo cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo con homicidios per capita mayores a países en guerra.

A pesar de estas objeciones, lo cierto es que la política de seguridad del gobierno salvadoreño mantiene altos niveles de apoyo interno, impulsada por una reducción significativa de los índices de criminalidad en los últimos años.

Con esta reforma, El Salvador profundiza un modelo de seguridad basado en el castigo severo y la disuasión, consolidando una de las políticas más duras de la región frente al crimen organizado.

Este cambio se inscribe dentro de la estrategia de “mano dura” que el gobierno viene aplicando desde 2022 en el marco de la llamada guerra contra las pandillas.

Bajo este enfoque, se prioriza el orden público y la seguridad ciudadana frente al avance del crimen organizado, que durante décadas condicionó la vida cotidiana en El Salvador. En ese contexto, el endurecimiento de las penas aparece como una herramienta clave para desarticular estructuras criminales.