El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un nuevo paso en su política de seguridad al promulgar una reforma que permite aplicar cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años en casos de delitos graves como homicidio, violación o terrorismo. La medida, impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso, marca un giro profundo en el sistema penal del país.
La reforma elimina en gran parte los regímenes especiales que diferenciaban el tratamiento judicial de menores, estableciendo un criterio más severo frente a delitos considerados de extrema gravedad. Según el gobierno, el objetivo es cerrar vacíos legales que durante años permitieron a organizaciones criminales reclutar menores para cometer delitos con menor riesgo penal.
Este cambio se inscribe dentro de la estrategia de “mano dura” que el gobierno viene aplicando desde 2022 en el marco de la llamada guerra contra las pandillas.
Miembros de la pandilla terrorista Mara Salvatrucha 13
Bajo este enfoque, se prioriza el orden público y la seguridad ciudadana frente al avance del crimen organizado, que durante décadas condicionó la vida cotidiana en El Salvador. En ese contexto, el endurecimiento de las penas aparece como una herramienta clave para desarticular estructuras criminales.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma responde a una demanda social concreta: terminar con la impunidad en delitos violentos, independientemente de la edad de los responsables. En esa línea, el propio Bukele ha defendido públicamente estas medidas, argumentando que el sistema anterior favorecía a delincuentes que utilizaban su condición de menores como escudo judicial.
No obstante, la decisión generó críticas de organismos internacionales y sectores vinculados a los derechos humanos, sin embargo, estás mismas organizaciones internacionales negaron apoyo cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo con homicidios per capita mayores a países en guerra.
Nayib Bukele junto al presidente Javier Milei
A pesar de estas objeciones, lo cierto es que la política de seguridad del gobierno salvadoreño mantiene altos niveles de apoyo interno, impulsada por una reducción significativa de los índices de criminalidad en los últimos años.
Con esta reforma, El Salvador profundiza un modelo de seguridad basado en el castigo severo y la disuasión, consolidando una de las políticas más duras de la región frente al crimen organizado.
