El gobierno de José Antonio Kast dio un nuevo paso en su política de control migratorio al iniciar gestiones para restablecer relaciones con Venezuela, al menos a nivel consular, con el objetivo de concretar la expulsión de miles de inmigrantes ilegales.
La medida apunta a destrabar uno de los principales obstáculos que enfrenta la administración: la imposibilidad de deportar ciudadanos venezolanos debido a la falta de vínculos diplomáticos.
Actualmente, la ausencia de consulados impide avanzar en procesos básicos como la identificación, documentación y coordinación de vuelos de repatriación. En ese contexto, el Ejecutivo busca una solución pragmática que permita hacer cumplir órdenes de expulsión que, hasta ahora, no podían ejecutarse.
Aviones de deportaciones del gobierno chileno
La decisión se enmarca dentro de una política más amplia impulsada por el gobierno de Kast, que ha puesto el foco en el orden, la seguridad y el respeto a la ley como ejes centrales de su gestión.
Desde su llegada al poder, la administración ha avanzado con expulsiones aéreas, refuerzo de fronteras y un mensaje claro hacia quienes ingresan de manera ilegal: regularizar su situación o abandonar el país.
Sin embargo, el caso venezolano representa un desafío particular, Más de 40.000 personas cuentan con órdenes de expulsión, y una parte significativa corresponde a ciudadanos de ese país, lo que hace imprescindible algún tipo de canal diplomático para efectivizar las medidas.
José Antonio Kast junto a Javier Milei
Esta iniciativa refleja un enfoque realista frente a una crisis migratoria que se arrastra desde hace años. A diferencia de gestiones anteriores, que priorizaron discursos sin herramientas concretas, la actual administración busca resolver el problema con medidas operativas, incluso si eso implica reabrir canales mínimos con un régimen cuestionado a nivel internacional.
Al mismo tiempo, la estrategia marca una diferencia clara con modelos que promueven la regularización masiva sin control. En este caso, el gobierno apuesta por reforzar la institucionalidad y enviar una señal contundente: el cumplimiento de la ley no es opcional.
El intento de restablecer relaciones consulares no implica un alineamiento político con Venezuela, sino una herramienta necesaria para recuperar la capacidad del Estado de hacer cumplir sus propias decisiones.
En un contexto regional atravesado por flujos migratorios desordenados, la medida aparece como un paso clave para consolidar una política migratoria más firme y efectiva.
