Solo 12 dictaduras votaron con Moscú; el resto evitó definirse. Brasil y Colombia se desmarcan de Occidente.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, por una amplia mayoría, una resolución que exige a Rusia la devolución inmediata de todos los niños ucranianos que fueron secuestrados, deportados o trasladados por la fuerza desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. La resolución obtuvo 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, entre ellas las de Brasil y Colombia, dos gobiernos que en los hechos volvieron a alinearse con las potencias que buscan atenuar los costos diplomáticos de Moscú.
El texto aprobado señala que las prácticas del Kremlin constituyen violaciones directas de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado forzoso de población civil desde territorios ocupados. También reclama que Rusia cese cualquier mecanismo de adoctrinamiento, cambio de identidad, adopción ilegal y separación familiar de los menores afectados. Lula da Silva y Vladimir Putin.
Ucrania denunció que al menos 20.000 niños fueron deportados desde 2014 —cuando Rusia anexó Crimea— y especialmente desde febrero de 2022. Muchos de ellos fueron trasladados a regiones remotas de Rusia, internados en instituciones controladas por el Estado o dados en adopción bajo un sistema opaco que impide su localización. Según organismos humanitarios, estos traslados tienen una dimensión sistemática incompatible con el derecho internacional humanitario.
El bloque opositor a la resolución estuvo integrado exclusivamente por dictaduras o regímenes autoritarios que orbitan alrededor de Moscú: Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Sudán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Burundi, Burkina Faso, Níger y Mali. La foto diplomática deja poco margen a la interpretación. La defensa del Kremlin quedó reducida a un puñado de Estados que sostienen modelos políticos alejados de las libertades civiles. Gustavo Petro y Lula da Silva.
Más llamativa aún fue la postura del gigantesco grupo de abstenciones —57 países— entre ellos China, Arabia Saudita, Vietnam, Líbano, Yemen y Qatar, además de Brasil y Colombia, cuyos gobiernos se presentan como moderados pero que, al momento de votar, optaron por no incomodar a Vladimir Putin: abstenerse frente a una resolución que denuncia el secuestro de miles de chicos equivale a evitar condenar un crimen abiertamente documentado por la Corte Penal Internacional y por organismos de derechos humanos.
La intervención de la presidenta de la Asamblea, Annalena Baerbock, fue contundente al describir el drama que enfrentan estos menores: jóvenes arrancados de sus casas por soldados armados, sometidos a meses de adoctrinamiento y privados de su identidad. Según Baerbock, lo que está en juego “no es un expediente diplomático, sino un principio elemental de humanidad”.
