Estados Unidos dio un paso decisivo en su estrategia sobre Venezuela al levantar las sanciones personales contra Delcy Rodríguez, actual presidenta interina tras la captura del dictador Nicolás Maduro. La medida, oficializada por el Departamento del Tesoro, implica la eliminación de su nombre de la lista de Nacionales Especialmente Designados, donde permanecía desde 2018 por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La decisión se enmarca en el proceso de reconfiguración institucional impulsado desde Washington luego de la salida forzada de Maduro en enero de 2026. En ese contexto, la administración de Donald Trump avanzó con un esquema de negociación progresiva que combina presión política con alivio selectivo de sanciones.
Donald Trumo, presidente de los Estados Unidos.
Rodríguez celebró la medida y la definió como un paso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Sin embargo, el alcance del levantamiento es limitado: se trata de una flexibilización personal, mientras que el esquema general de sanciones sobre el Estado venezolano y sectores estratégicos continúa vigente.
Desde enero, el Tesoro estadounidense emitió múltiples licencias que habilitaron parcialmente la actividad en sectores clave como el petróleo y la minería, siempre bajo estricta supervisión. Estas concesiones respondieron a una lógica transaccional: cada reforma impulsada por el nuevo gobierno venezolano obtuvo como contrapartida un alivio económico.
Entre las medidas adoptadas por Rodríguez se destacan la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la apertura del sector energético a inversiones extranjeras y la sanción de una ley de amnistía que permitió la liberación de presos políticos. También avanzó en la remoción de figuras históricas del chavismo y en la desarticulación de estructuras vinculadas al aparato de inteligencia.
A pesar de estos avances, el control real sobre los recursos estratégicos venezolanos continúa en manos de Washington. Los ingresos petroleros, por ejemplo, se canalizan a través de cuentas supervisadas por el Tesoro, y cualquier acuerdo con actores internacionales como China, Rusia o Irán requiere aprobación previa de Estados Unidos.
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En paralelo, la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, tras años de ruptura diplomática, consolidó el nuevo escenario geopolítico. No obstante, sectores críticos advierten que aún no existe una hoja de ruta clara hacia elecciones plenamente libres.
El levantamiento de las sanciones a Rodríguez, en este marco, funciona como una señal política: Washington reconoce a la nueva interlocutora, pero mantiene el control sobre el proceso. La transición venezolana avanza, pero bajo condiciones estrictamente supervisadas desde Estados Unidos.
