Con trabas internas en el Congreso, Trump explora una vía legal para frenar el gasto público exponencial generado por las administraciones demócratas.
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La agenda económica que el presidente Donald Trump optó por emprender en enero cuando asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos levantó una bandera por sobre otras: la bandera del ajuste fiscal.
Desde ese plano de la discusión, el Congreso y especialmente la Cámara de Diputados se plasmó como un desafío para la agenda del presidente. Aunque el partido controla ambas cámaras, las mayorías son estrechas y hay diferencias internas que podrían trabar el avance del proyecto.
El presidente Donald Trump y el Speaker de la House of Representatives, Rep. Mike Johnson
Tras evidenciar la complicación que el Congreso supone para la velocidad que el gobierno de Trump busca para reducir el gasto, en la Casa Blanca se empezó a gestar la idea de una herramienta poco usada y políticamente delicada.
Existen varias vías a través de las cuales el Congreso puede cancelar fondos que ya han sido asignados en el presupuesto del año fiscal en curso. Sin embargo, solo una de ellas permite eludir el obstruccionismo parlamentario (filibuster) en el Senado: el proceso de rescisión establecido en la Ley de Control Presupuestario y de Retención de Fondos del Congreso de 1974 (CBA, por sus siglas en inglés).
Según esta ley, si un presidente desea anular partidas de gasto previamente autorizadas por el Congreso en las leyes de asignaciones discrecionales de ese año, debe enviar una notificación formal al Capitolio proponiendo qué fondos deberían ser cancelados.
A partir de ese momento, el presidente está habilitado a retener los fondos señalados durante un período de 45 días de ''sesión continua'' del Congreso.Si al concluir ese período el Congreso y el presidente no logran aprobar formalmente la medida de rescisión, la administración, siempre que respete la ley presupuestaria federal, está obligada a liberar los fondos retenidos.
El Presidente Donald Trump hablando al poder legislativo
Lo cierto es que el gobierno de Trump tiene el deseo de reducir el tamaño del estado, pero al mismo tiempo los votos para lograr convertir en ley esas reducciones a gastos hoy no están, ya que no todos los republicanos están alineados. Aunque el partido controla ambas cámaras, las mayorías son estrechas y hay diferencias internas que podrían trabar el avance del proyecto en sus etapas restantes.
En marzo de este año, apenas la mitad de los senadores republicanos votó a favor de la propuesta del Senador Rand Paul que buscaba recortar fondos para USAID, la agencia de cooperación internacional, denominada “S.Amdt. 1266 to H.R. 1968: To reduce the amount appropriated for the United States Agency for International Development.”,
El Senador Republicano de Kentucky, Rand Paul
Entre los cortes de gastos más urgentes que la administración busca conseguir tras la victoria de ayer en la cámara baja están los paquetes de recursos que se transfieren a programas de ayuda internacional como USAID o medios públicos como NPR y PBS.
Si bien la ley permite al presidente proponer la rescisión de fondos ya aprobados por el Congreso, la efectividad de ese proceso ha sido históricamente limitada. Desde 1974, solo dos presidentes lo intentaron de manera formal: George H.W. Bush, con éxito en 1992, y el propio Trump, sin lograrlo en 2018.
Está por verse cómo evoluciona la estrategia del gobierno republicano por desmantelar el sistema que en tan solo 30 años logró que su nivel de deuda ascendiera de 4,9 trillones en 1995 a 7,9 trillones en 2005, a 18,1 trillones en 2015 y 33,1 trillones en 2025. Algo que muchos ven como insostenible.
