La justicia boliviana condenó a diez años de prisión al exministro de Medio Ambiente y Agua del gobierno del comunista Luis Arce, Juan Santos Cruz, tras hallarlo culpable de integrar una estructura de cobros ilegales a cambio de adjudicaciones de obras estatales.
El fallo fue emitido por un tribunal anticorrupción de La Paz en el marco del denominado “caso coimas”, una investigación iniciada en abril de 2023 a partir de denuncias sobre presuntos pagos irregulares exigidos a empresas interesadas en contratos públicos.
El exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz
Según la sentencia, el exfuncionario recibió dinero a cambio de favorecer procesos de contratación dentro del ministerio, lo que permitió establecer la existencia de una red de corrupción en esa cartera estatal. El daño económico al Estado fue estimado en más de 19 millones de pesos bolivianos, equivalentes a aproximadamente 2,7 millones de dólares.
En la misma causa también fueron condenados otros ex funcionarios. El ex viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una pena de seis años de prisión, al igual que otros tres implicados en la estructura investigada.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal dispuso la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos públicos una vez que la sentencia quede firme, así como el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.
El ex viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, siendo detenido por corrupción
El proceso judicial se extendió durante casi tres años, período en el cual Santos Cruz permaneció detenido preventivamente. La investigación fue impulsada por la Procuraduría General del Estado junto al Ministerio Público y otras entidades encargadas de la transparencia institucional.
El caso se suma a otros procesos por corrupción que han involucrado a ex autoridades del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de recursos públicos en Bolivia. Informes oficiales señalaron que la trama investigada operaba mediante la exigencia de pagos ilegales a cambio de contratos, afectando directamente al funcionamiento de la administración estatal.
La sentencia refuerza la actuación de la justicia en causas vinculadas al uso indebido de fondos públicos y establece responsabilidades penales en uno de los casos de corrupción más relevantes vinculados a la gestión del comunista Luis Arce.
