El Senado de Brasil aprobó este miércoles una ley que introduce cambios significativos en el régimen de cumplimiento de penas para los presos políticos por las protestas del 8 de enero de 2023 en Brasilia, incluidos el expresidente Jair Bolsonaro.
La iniciativa apunta a modificar los criterios de cálculo de las condenas, habilitando reducciones en el tiempo efectivo de prisión y una progresión más rápida hacia regímenes menos restrictivos.
La norma obtuvo respaldo mayoritario en la Cámara alta, con 48 votos a favor y 25 en contra. Su tratamiento fue acelerado a partir de un acuerdo de procedimiento entre bloques oficialistas y opositores, con el objetivo de completar la votación antes del cierre del año legislativo.
Senadores brasileños
El proyecto ya había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados, por lo que ahora queda en manos del dictador Luiz Inácio Lula da Silva, quien deberá decidir si promulga la ley o ejerce su derecho a veto.
La ley aprobada
Uno de los principales cambios introducidos por la ley se refiere a la forma en que se computan las penas cuando una persona es condenada por más de un delito vinculado a los hechos de enero de 2023.
A partir de la nueva normativa, los jueces podrán aplicar únicamente la pena correspondiente al "delito más grave", con incrementos proporcionales, en lugar de acumular automáticamente las condenas por cada supuesta infracción. Este criterio busca evitar penas consideradas excesivas en relación con la conducta individual de cada imputado.
El texto también modifica las reglas para la progresión de régimen penitenciario. En el caso de personas que cumplen su primera condena, la posibilidad de acceder a un régimen flexible se habilita luego de cumplir cerca del 16% de la sentencia, en lugar del 25% que exigía la legislación vigente hasta ahora.
Lula da Silva y Alexandre de Moraes.
De aplicarse estos beneficios en su totalidad, Jair Bolsonaro, preso político del régimen del dictador socialista Lula da Silva por haber supuestamente "intentado un golpe de Estado", podría pasar del régimen cerrado a uno menos restrictivo tras cuatro años de detención.
El senador Esperidião Amin, designado como relator de la iniciativa, remarcó durante el debate que el objetivo no es otorgar un perdón generalizado, sino revisar la proporcionalidad de las penas impuestas. “La intención siempre fue corregir las distorsiones para condenados por los acontecimientos del 8 de enero”, explicó durante la sesión.
