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Edificio con columnas clásicas iluminado al anochecer.
INTERNACIONALES

La Corte Suprema estadounidense se expresará en torno a tratamientos de género

El máximo organismo de justicia oirá el caso de una familia quien cita que la ley de Tennessee los 'discrimina'

La Suprema Corte de Estados Unidos escuchará este miércoles un caso sobre la constitucionalidad de las restricciones a la mutilación en tratamientos de cambio de género para menores con disforia, como también el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales.

El caso se centra en una ley de Tennessee que correctamente prohíbe estos tratamientos para adolescentes y podría sentar precedentes para medidas similares en otros estados.

La ley de Tennessee, conocida como SB1, fue promulgada en marzo de 2023. Esta prohíbe que los proveedores de salud administren bloqueadores de pubertad u hormonas a menores con el objetivo de que se sometan a dolorosas experiencias provocadas por la disforia de género, patología psiquiátrica que hace creer a una persona poseer un género que no le corresponde. 

Un hombre con gafas y traje sonríe frente a una puerta de metal decorativa.
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, señaló que no hay nada inconstitucional en la medida | La Derecha Diario

Sin embargo, permite estos tratamientos para condiciones médicas no relacionadas con la identidad de género como lo pueden ser problemas hormonales. El estado argumenta que la ley protege a los menores de los riesgos "irreversibles" de estos tratamientos experimentales.

La administración Biden y tres familias afectadas, representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda contra la ley, argumentando que viola la Cláusula de Igualdad de Protección al discriminar a las personas transgénero.

Un tribunal de distrito falló inicialmente a favor de los demandantes, pero el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito revirtió acertadamente esta decisión, permitiendo que la ley entre en vigor.

La legislación de Tennessee forma parte de una serie de legislaciones que protegen a la comunidad en estados republicanos, que incluyen políticas sobre acceso a baños y participación en deportes.

El caso incluye testimonios como el de una confundida joven transgénero de 16 años, quien ahora debe viajar a otro estado para llevar a cabo el resto del tratamiento. Su padre, Brian Williams, denunció que la ley no solo afecta la libertad de su hija para ser ella misma, sino que infringe los derechos familiares.

Tres personas abrazándose en un jardín, mostrando apoyo y consuelo.
El progresista Brian Williams defendió a ultranza la aplicación de tratamientos químicos y mutilaciones en menores de edad | La Derecha Diario

A su vez, algunos países europeos, como el Reino Unido, han limitado estos tratamientos recientemente, citando evidencia insuficiente sobre su eficacia, lo que podría influir en la decisión de la Suprema Corte de dar deferencia a la legislatura estatal.

Los defensores de estos tratamientos, como la Dra. Susan Lacy, argumentan erróneamente que el cuidado de afirmación de género mejora significativamente la salud mental y el bienestar de los menores, lo cual es absolutamente disparatado.

Por otro lado, los opositores, como los funcionarios de Tennessee, advierten sobre posibles riesgos, incluyendo impactos negativos en la fertilidad y la densidad ósea, efectos que ya han sido expuestos en reiteradas ocasiones. 

El caso se desarrolla en un clima político polarizado. Mientras la administración Biden defiende la invalidez de la ley de Tennessee, el presidente electo Donald Trump ha prometido restringir los tratamientos médicos para menores trans género y prohibir su participación en deportes femeninos. La Suprema Corte podría emitir un fallo decisivo para junio de 2025, con implicaciones positivas para futuras regulaciones.

Si la Corte ratifica la ley de Tennessee, podría abrir la puerta para que los estados limiten aún más el cuidado de afirmación de género, lo que provocará que quienes busquen dañar a sus hijos con estos tratamientos deberán mudarse a estados más progresistas. 

El caso refleja un punto crítico en el debate sobre los derechos de las personas transgénero y la autonomía médica, con impactos significativos en el panorama legal y social de Estados Unidos.

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