La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el viernes un fallo que restringe significativamente el uso de injunctions nacionales (medidas cautelares con alcance nacional) por parte de tribunales inferiores, lo que representa una importante victoria legal para el presidente Donald Trump en su intento por poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.
El caso, Trump v. Casa, no abordó directamente la constitucionalidad de dicha orden, que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, sino que se centró en el alcance del poder judicial inferior para bloquear órdenes ejecutivas de forma generalizada.
La decisión, escrita por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, sostuvo que las cortes federales no deben tener un poder de ''supervisión general'' sobre el poder Ejecutivo. Según Barrett, los tribunales solo deben otorgar alivio a las partes directamente involucradas en el caso, no a nivel nacional.
''Cuando una corte concluye que el Ejecutivo ha actuado de forma ilegal, la respuesta no debe ser que la corte también exceda su poder'', escribió Barrett.
El fallo ordena que las injunctions se limiten exclusivamente a los demandantes con legitimación (standing), restringiendo así su impacto nacional. De esta manera, el tribunal otorgó parcialmente la solicitud del gobierno de levantar las prohibiciones impuestas por tribunales de Maryland, Massachusetts y Washington, que habían bloqueado la orden de Trump en su totalidad.
El presidente había recibido 25 medidas cautelares nacionales en los primeros meses de su mandato, un número récord según datos del Congressional Research Service y la Harvard Law Review. Estas herramientas judiciales, utilizadas para detener acciones ejecutivas a nivel nacional, han sido objeto de críticas desde ambos extremos ideológicos de la Corte por exceder el poder judicial tradicional.
