La Corte Suprema respalda a Trump y le da el poder de deportar masivamente a ilegales

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el viernes un fallo que restringe significativamente el uso de injunctions nacionales (medidas cautelares con alcance nacional) por parte de tribunales inferiores, lo que representa una importante victoria legal para el presidente Donald Trump en su intento por poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.

El caso, Trump v. Casa, no abordó directamente la constitucionalidad de dicha orden, que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, sino que se centró en el alcance del poder judicial inferior para bloquear órdenes ejecutivas de forma generalizada.

La decisión, escrita por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, sostuvo que las cortes federales no deben tener un poder de ''supervisión general'' sobre el poder Ejecutivo. Según Barrett, los tribunales solo deben otorgar alivio a las partes directamente involucradas en el caso, no a nivel nacional.

''Cuando una corte concluye que el Ejecutivo ha actuado de forma ilegal, la respuesta no debe ser que la corte también exceda su poder'', escribió Barrett.

El fallo ordena que las injunctions se limiten exclusivamente a los demandantes con legitimación (standing), restringiendo así su impacto nacional. De esta manera, el tribunal otorgó parcialmente la solicitud del gobierno de levantar las prohibiciones impuestas por tribunales de Maryland, Massachusetts y Washington, que habían bloqueado la orden de Trump en su totalidad.

El presidente había recibido 25 medidas cautelares nacionales en los primeros meses de su mandato, un número récord según datos del Congressional Research Service y la Harvard Law Review. Estas herramientas judiciales, utilizadas para detener acciones ejecutivas a nivel nacional, han sido objeto de críticas desde ambos extremos ideológicos de la Corte por exceder el poder judicial tradicional.

Barrett argumentó que las medidas cautelares universales no tienen fundamento histórico ni autorización bajo la Ley Judicial de 1789. Sin embargo, tanto ella como otros jueces conservadores sugirieron que los demandantes aún pueden utilizar demandas colectivas (class actions) como mecanismo legítimo para impugnar acciones presidenciales, aunque requieren un proceso más riguroso para certificar la clase afectada.

El juez Samuel Alito, en opinión concurrente, defendió el uso de estas demandas como ''una herramienta poderosa'', pero subrayó que deben cumplir requisitos estrictos de certificación.

Por otro lado, las juezas liberales Sonia Sotomayor,Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan se opusieron enérgicamente al fallo. Sotomayor, en una inusual intervención, leyó su disenso desde el estrado, advirtiendo que el fallo pone en peligro derechos fundamentales:

Jackson, en su propia opinión disidente, criticó a la mayoría por ''perder el foco'' al concentrarse en detalles técnicos, y acusó a la Corte de habilitar al Ejecutivo para ''comportarse de manera ilegal''. A su vez, Barrett respondió duramente, acusándola de querer reemplazar un Ejecutivo imperial por una judicatura imperial.

El caso surge tras la orden ejecutiva de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Poco después de emitida, 22 estados demandaron al gobierno federal, y tres jueces federales emitieron medidas cautelares para detener su implementación.

La decisión cierra el presente período judicial de la Corte Suprema, que retomará actividades en octubre.