La Corte de Suprema de los Estados Unidos tomó la decisión de impedir que el presidente Trump deporte miembros del Tren de Aragua.
Según el documento judicial, el 17 de abril un tribunal de distrito negó una orden de restricción temporal solicitada por los demandantes. Pocas horas después, los detenidos fueron notificados de que serían deportados esa misma noche o al día siguiente.
La evidencia posterior indica que el gobierno efectivamente trasladó a algunos inmigrantes desde los centros de detención hasta un aeropuerto el 18 de abril, aunque luego los devolvió a los centros.
El tribunal citó el caso de Kilmar Abrego Garcia para advertir que, si los inmigrantes hubieran sido deportados a otro país el 19 de abril, el gobierno podría haber alegado, como lo ha hecho en el pasado, que ningún tribunal estadounidense tendría jurisdicción para intervenir una vez que los detenidos se encuentren fuera del país.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden temporal que impide, por ahora, al gobierno del presidente Donald Trump deportar a inmigrantes ilegales vinculados con la violenta banda venezolana Tren de Aragua, mientras se resuelve un litigio judicial en curso.
La decisión, emitida sin firmar, devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito para continuar su revisión. Solo los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas disintieron de la decisión.
El fallo no aborda el fondo legal de las deportaciones bajo la Ley de Emergencia de Inmigración (AEA), pero sí determina que los inmigrantes detenidos tienen derecho a recibir un aviso más adecuado antes de ser deportados. ''Concedemos un alivio temporal para preservar nuestra jurisdicción mientras se decide la cuestión del aviso requerido'', dice la orden.
La Corte fue clara al señalar que su decisión se limita al tema del aviso previo y no evalúa si las deportaciones bajo el régimen la AEA son legales o no. Además, reconoció que el gobierno tiene intereses legítimos en materia de seguridad nacional, pero enfatizó que estos deben ser ejercidos de manera consistente con la Constitución. Por ello, urgió a los tribunales inferiores a resolver los casos relacionados con la AEA de manera rápida.
En su disenso, el juez Alito argumentó que la Corte Suprema no tiene jurisdicción en este caso, por lo que no debería haber emitido ningún tipo de alivio legal. También señaló que los demandantes no cumplieron con los requisitos necesarios para obtener una orden judicial mientras se revisa la apelación.
Finalmente, criticó que se haya concedido la revisión del caso antes de que los tribunales inferiores hayan emitido un fallo sobre el fondo del asunto.
Esta decisión tiene implicaciones importantes sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración, especialmente cuando se invoca la seguridad nacional, y plantea cuestionamientos sobre el uso de procedimientos acelerados sin supervisión judicial adecuada.
