La OEA busca aprobar un aumento del gasto y la pérdida de la soberanía de los países

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para votar una polémica resolución impulsada por Antigua y Barbuda bajo la excusa de la "salud mental".

A pesar de su aparente noble propósito, el documento generó críticas debido a que representaría un preocupante avance en el aumento injustificado del gasto público, la imposición de una agenda ideológica de izquierda y la pérdida de la soberanía nacional en políticas de salud.

La propuesta central de la resolución es la creación de un fondo regional para salud mental que obligaría a los países firmantes a realizar contribuciones económicas anuales. Además, exige a los Estados incrementar sus presupuestos nacionales en esta área, imponiendo una carga fiscal adicional, por encima de la necesaria para ofrecer una buena atención.

En el caso de Argentina, en medio de los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei para mantener y fortalecer el superávit fiscal, un enorme aumento del gasto podría poner en peligro el plan económico y la estabilidad de todo el país.

Pero el aspecto financiero no es el único motivo de preocupación. La resolución incluye una serie de definiciones ideológicas de izquierda que deberán ser incorporadas a las políticas nacionales de salud mental, como el reconocimiento de la “identidad de género” y de personas “no binarias”.

Más grave aún es el hecho de que, de aprobarse la resolución, las futuras decisiones en materia de salud mental que tome la Organización Panamericana de la Salud (OPS), brazo técnico de la OEA, pasarán a ser obligatorias para los Estados miembros. En la práctica, esto supone ceder la soberanía sanitaria del país a un organismo internacional, lo cual sienta un precedente institucional peligroso.

Mientras la OEA se encamina hacia una votación que podría pasar desapercibida para el público general, crece la preocupación de varios países por los peligrosos puntos de la resolución.

De esta manera, lo que está en juego no es el tratamiento de la salud mental en la región, sino el respeto a la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades y el modo de resolver los problemas, lo que evidencia la necesidad de evitar que se apruebe una resolución como esta en la OEA.