El Parlamento de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que fortalece el control del Ejecutivo sobre los poderes del Estado.
Esta incluye la ampliación del mandato presidencial a seis años, la creación de los cargos de copresidente y copresidenta, y mayores controles sobre los medios de comunicación.
La reforma, impulsada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo con carácter de urgencia, busca consolidar el poder del oficialismo y establecer nuevas disposiciones políticas y sociales. La oposición calificó estas medidas como una legalización del "poder absoluto" de Ortega y su esposa.
