El Parlamento de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que fortalece el control del Ejecutivo sobre los poderes del Estado.
Esta incluye la ampliación del mandato presidencial a seis años, la creación de los cargos de copresidente y copresidenta, y mayores controles sobre los medios de comunicación.
La reforma, impulsada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo con carácter de urgencia, busca consolidar el poder del oficialismo y establecer nuevas disposiciones políticas y sociales. La oposición calificó estas medidas como una legalización del "poder absoluto" de Ortega y su esposa.
Daniel Ortega y Rosario Murillo
Cambios clave de la reforma
Entre los puntos destacados de la reforma se encuentran:
Ampliación del mandato presidencial y legislativo: Los periodos de mandato para el presidente y los diputados se extenderán de cinco a seis años.
Creación de los cargos de copresidente y copresidenta: Estas figuras podrán nombrar vicepresidentes sin necesidad de elección popular, excluyendo a opositores que fueron desterrados o declarados "traidores a la patria".
Mayor control sobre los medios: El Estado supervisará que los medios no difundan noticias falsas ni estén sujetos a intereses extranjeros, reforzando la Ley de Ciberdelitos de 2020.
Además, la reforma otorga a la Presidencia la capacidad de coordinar todos los órganos del Estado, eliminando de facto la separación de poderes. También oficializa la inclusión de la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y crea formalmente la Policía Voluntaria, surgida tras las protestas sociales de 2018.
Críticas y repercusiones
La oposición y organizaciones internacionales, como la OEA, han denunciado estas reformas como un intento de Ortega de perpetuarse en el poder. También han señalado que las medidas limitan aún más las libertades políticas, religiosas y de expresión.
Por ejemplo, la reforma declara al Estado como laico, pero restringe las actividades religiosas que puedan "atentar contra el orden público". También establece sanciones para quienes, desde el extranjero, tomen acciones contra la soberanía o independencia de Nicaragua.
El dictador Daniel Ortega
Contexto internacional
En el plano internacional, la reforma ratifica el rechazo de Nicaragua a las sanciones externas y aboga por un "nuevo orden multipolar" basado en cooperación entre Estados. Asimismo, reafirma su apoyo a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1986, que condenó a Estados Unidos por actividades militares y paramilitares contra Nicaragua.
Próximos pasos
Para entrar en vigor, la reforma deberá ser aprobada en una segunda legislatura, que comenzará en enero de 2025. De confirmarse, consolidará aún más el poder del Frente Sandinista, limitando las opciones para la oposición en el ámbito político y social.
