Delcy Rodríguez anunció medidas para avanzar en la transición democrática de Venezuela

En una alocución oficial transmitida este jueves, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó un balance público de gestión y anunció un ambicioso paquete de transformaciones políticas, judiciales y de apertura económica de libre mercado orientadas a reestructurar el Estado. El plan de gobierno interino establece la devolución y subasta de activos estatales a la empresa privada, el cese de detenciones arbitrarias, reformas al sistema penal, la reactivación de compromisos electorales bajo supervisión internacional y un mecanismo de incentivo salarial vinculado directamente al crecimiento económico.

En el ámbito económico, el ejecutivo nacional resolvió revertir las políticas estatistas previas mediante un proceso directo de privatización y devolución de empresas estatales. Rodríguez adelantó que el Estado evaluará los activos no esenciales bajo su control para determinar cuáles serán subastados al sector privado o restituidos de forma inmediata a sus antiguos dueños que los perdieron producto de la expropiación.

Para consolidar la atracción de capitales e incentivar la inversión extranjera, el gobierno informó sobre la flexibilización de la Ley de Hidrocarburos y la agilización de trámites burocráticos. Hasta la fecha, el gobierno interino ha firmado 61 contratos en hidrocarburos con contratistas nacionales e internacionales, mantiene en negociación activa al menos 44 acuerdos adicionales y prepara próximas negociaciones en el área minera.

Respecto a la política laboral y el bienestar socioeconómico, se instauró una mesa de diálogo tripartito integrada por el gobierno, los empresarios y los principales sindicatos. En este marco, Rodríguez anunció que para el año 2027 el ingreso de los trabajadores se incrementará en cuatro momentos específicos. La mandataria interina enfatizó la regla rectora de estos ajustes con la cita explícita: "Quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos. Y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda".

En materia de libertades civiles y seguridad ciudadana, Rodríguez ordenó formalmente a los cuerpos de seguridad del Estado que "ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito", garantizando de manera irrestricta el derecho constitucional a la protesta pacífica.

En el campo legislativo, el ejecutivo interino solicitó a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley contra el Odio con el objetivo central de suprimir las sanciones penales y reorientar el texto hacia un enfoque educativo. La propuesta fue presentada por el parlamento la semana pasada y contó con la declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), abriendo paso a consultas públicas y a la revisión judicial para dar término a los procesos penales de los ciudadanos procesados o privados de libertad bajo dicha norma.

Estas medidas complementan la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional en febrero. Al respecto, la mandataria interina detalló la cifra exacta del alcance del decreto: «Se anunció una ley de amnistía para contribuir a sanar las heridas causadas por años de confrontación. En febrero, la Asamblea Nacional la aprobó por unanimidad, beneficiando a casi 9 mil personas y permitiendo la liberación de más de mil al poner fin a procesos penales derivados de la confrontación».

A nivel institucional, Rodríguez recordó que desde enero solicitó una reestructuración profunda de la justicia ante el TSJ, promoviendo una consulta nacional para reformar el sistema penal que cuenta con la asistencia técnica de la Unión Europea y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Resumiendo su filosofía institucional, citó: "Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a ampliar las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores".

En cuanto al cronograma político, se ratificó el compromiso de realizar todos los procesos electorales establecidos en la Constitución nacional. Las votaciones serán organizadas por un Consejo Nacional Electoral (CNE) o Poder Electoral reestructurado y renovado, asegurando la participación de todas las corrientes políticas con el acompañamiento de veedores internacionales. Rodríguez sentenció al respecto:

"Lo he dicho, habrá elecciones. Todas las que mandan nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo". Asimismo, agregó: “Habrá garantías de participación de todos los actores políticos. Las elecciones deben ser una solución y no una generación de conflictos”, aunque aclaró que aún no se han fijado fechas precisas para los comicios.

Finalmente, el informe oficial abordó la libertad de expresión y la restitución del acceso a portales informativos que registraban medidas administrativas restrictivas, instando a ejercer la comunicación con responsabilidad. Reconociendo las demandas concretas de la población, Rodríguez afirmo: "Sé que muchos de ustedes escuchan todo esto y piensan en otras preocupaciones. El tema eléctrico, en el sueldo, en la salud. Tienen razón. De poco sirve un país con mejores leyes e instituciones, si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos". Además, el plan gubernamental incorporó un llamado con plenas garantías de documentación y salvoconducto para los venezolanos en el exterior que decidan retornar al país.