Óscar Puente gastó casi 70.000 euros del Ministerio de Transportes en averiguar que insultos le escribían por redes

El primer contrato: Adjudicado en febrero de 2024 a la firma Hallon Intelligence S.L. por un importe de 17.859,60 euros, orientado al seguimiento en tiempo real de noticias audiovisuales y el envío de alertas inmediatas al gabinete de comunicación del ministro. El segundo contrato: Correspondiente a la prórroga de un acuerdo previo con la empresa Reputational Intelligence Spain S.L. por un valor de 44.225,5 euros (desglosado en 31.218 euros asignados a 2024 y 13.007,50 euros abonados en los primeros meses de 2025).

Fue el propio Óscar Puente quien reconoció públicamente haber ordenado la faena. En una entrevista radial, el ministro admitió sin tapujos que instruyó a su equipo de trabajo para recabar «todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos». El resultado de esta encomienda fue un reporte ejecutivo de tres folios que catalogó al menos 100 artículos repartidos en más de 33 medios de comunicación —encabezados por portales como El Mundo, ABC y La Gaceta de Salamanca—. Entre los apelativos y calificativos recopilados por el personal ministerial figuraban términos como «sectario», «dictadorzuelo», «mamporrero», «pitbull», «tabernario», «matón de manual» o «abominable hombre de la Meseta». El titular del ministerio presumió el dossier en la red social X definiéndolo orgulloso como «195 folios dedicados a insultarme».

La gestión del gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez ha alcanzado cuotas inéditas de degradación institucional y malversación de prioridades públicas. El caso más escandaloso de esta disparatada utilización de los recursos de todos los contribuyentes lo encarna el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde la fijación personal de su titular ha primado por encima del mantenimiento de la infraestructura nacional.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, destinó 62.085 euros de dinero público (cifra divulgada como casi 70.000 euros en X) a contratos de monitorización de medios con el único objetivo de elaborar un dossier pormenorizado con los descalificativos, motes y severas críticas dirigidos hacia su persona. La recopilación, que el propio ministro publicó en X en abril de 2024, abarcó artículos y columnas de opinión publicados entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024.

El cuantioso desembolso presupuestario para alimentar la egolatría de Óscar Puente se instrumentó a través de dos contratos de seguimiento informativo sufragados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible:

Cuando la ciudadanía exigió conocer la copia del informe y su importe exacto mediante el Portal de Transparencia, la cartera gubernamental justificó la maniobra respondiendo de forma insólita que el catálogo específico no conllevó costo directo «al ser realizado por la plantilla del gabinete», admitiendo tácitamente que se distrajo el tiempo y el salario del personal público para sistematizar las ofensas al ministro.

Tras la reaparición del caso en X denunciando que el ministro gastaba fondos públicos para enterarse de los apodos que le ponían en las redes, Óscar Puente argumentó que su rastreo se limitó a la prensa escrita bajo el alegato de que el insulto impreso «requiere una reflexión previa». No obstante, el afán persecutorio del ministerio socialista continuó expandiéndose: para 2025, la cartera presupuestó casi 91.000 euros adicionales para la vigilancia y archivo de contenidos en prensa digital, blogs y redes sociales (Facebook, X, YouTube, LinkedIn), cifra que sumada a las adjudicaciones de organismos dependientes como Adif elevó la factura total de monitorización mediática a 142.000 euros en dicho ejercicio.

En una revelación periodística firmada por Unai Cano el 29 de octubre de 2026, se pone de manifiesto el alarmante contraste entre un ministro ocupado en contabilizar las injurias a su ego y la grave situación institucional de su departamento. Mientras Óscar Puente gastaba recursos para analizar sus motes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible quedaba salpicado por filtraciones delictivas destinadas a encubrir las nefastas responsabilidades políticas tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que se cobró al menos 69 fallecidos.

A última hora del 28 de octubre, de manera coordinada, medios afines al PSOE como El País, Cadena SER y elDiario.es publicaron las grabaciones confidenciales entre el Centro de Regulación y Control de Atocha y los maquinistas de AVE e Iryo, donde se ordenaba continuar la marcha con «marcha normal» tras el colapso del sistema LZB, omitiendo el protocolo de «marcha a la vista».

La maniobra pretendió responsabilizar al personal operativo justo cuando la jueza titular del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz había decretado el estricto secreto de sumario.

El prestigioso abogado penalista José María de Pablo, profesor de Derecho Penal, tachó el hecho como «uno de los actos más ruines y rastreros que puede hacer un responsable político» al violar flagrantemente la presunción de inocencia. Asimismo, advirtió que la divulgación del material sumarial bajo el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal, castigado con penas de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial de 3 a 5 años, o multas de 12 a 18 meses. Organizaciones sindicales como CSIF y Semaf denunciaron la busca desesperada de un «chivo expiatorio» para tapar la negligencia del gobierno socialista de Pedro Sánchez y su ministro Óscar Puente, evidenciando un modelo de gestión enfocado en el blindaje personal antes que en la seguridad de la nación.