En el marco de una transición forzada por el derrumbe del poder chavista, la jefa del régimen de transición, Delcy Rodríguez, decretó una profunda reorganización del Estado que implica la eliminación de siete organismos clave del entramado político, social y de seguridad construido durante más de veinte años por el chavismo. La decisión se produce mientras la nueva conducción del poder en Caracas colabora con Estados Unidos tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro, en un intento por reconfigurar relaciones externas y contener el colapso interno.
La medida quedó formalizada a través del Decreto N.º 5.248, que ordena la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, muchos de ellos señalados desde hace años por opacidad administrativa, desvío de fondos y uso político-partidario de recursos públicos.

Según el texto oficial, el decreto dispone “la supresión y el inicio inmediato del proceso de liquidación” de estos organismos, así como la conformación de una junta encargada de supervisar el cierre administrativo, la revisión de bienes y la adecuación institucional correspondiente.
Los organismos desmantelados
Entre las entidades eliminadas figuran estructuras centrales del viejo esquema chavista:
Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa): creado en 2013, concentraba la coordinación de información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Su misión era “unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles del Estado”, función que en la práctica lo convirtió en una herramienta clave de control político y de inteligencia del régimen.
Fundación Propatria 2000: dedicada a obras de infraestructura y proyectos especiales, es el organismo con mayor cantidad de denuncias por corrupción. Entre 2013 y 2015, el plan “Gimnasios Verticales” fue cuestionado por adjudicar contratos millonarios a empresas sin experiencia y con vínculos irregulares, algunas investigadas por lavado de dinero en Colombia y Panamá. Investigaciones revelaron sobreprecios, obras inconclusas y transferencias sospechosas desde el Banco de Venezuela, estimándose que parte de los fondos fueron desviados a través de contratistas cercanos al régimen.
Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”: impulsaba programas de formación, producción y emprendimiento juvenil. Su eliminación deja sin respaldo institucional a iniciativas gestionadas directamente desde el despacho presidencial.









