Delcy Rodríguez promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que flexibiliza el sector petrolero de Venezuela

La reforma constituye uno de los cambios más importantes en la legislación energética venezolana desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001. Durante más de veinte años, el régimen mantuvo un amplio control sobre la explotación petrolera mediante un esquema que otorgaba un papel predominante a PDVSA y limitaba la participación del capital privado en distintas áreas de la industria.

La normativa modifica diversos aspectos del régimen vigente para permitir una mayor participación de empresas nacionales y extranjeras en las actividades de hidrocarburos. Entre los cambios más relevantes, se flexibilizan los requisitos para la constitución de asociaciones con capital privado, se simplifican los procedimientos administrativos y se incorporan nuevas garantías jurídicas para los inversionistas interesados en operar en el país.

Durante el acto de promulgación, Rodríguez afirmó que la reforma representa una etapa de modernización para la industria petrolera venezolana y sostuvo que el objetivo es incrementar la producción de crudo, atraer nuevas inversiones y fortalecer la capacidad operativa de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). No obstante, las autoridades no difundieron el texto completo del reglamento ni detallaron todos los cambios específicos incorporados en la normativa.

La industria petrolera continúa siendo la principal fuente de ingresos de Venezuela, aunque en los últimos años experimentó una fuerte caída en la producción debido a problemas operativos, falta de inversión, sanciones internacionales y el deterioro de la infraestructura energética.

En ese contexto, las autoridades consideran que la apertura a nuevas inversiones puede contribuir a acelerar la recuperación del sector y aumentar la extracción de crudo en los próximos años.

La entrada en vigor de la nueva reglamentación marca el inicio de una nueva etapa para el sector energético venezolano. A partir de ahora, el Gobierno deberá implementar las disposiciones previstas en la reforma y definir los mecanismos mediante los cuales las empresas interesadas podrán acceder a los nuevos esquemas de participación contemplados por la legislación.