La diputada republicana Marjorie Taylor Greene presentó una propuesta para castigar a aquellos que faciliten la transición de género en menores de edad.
La representante republicana Marjorie Taylor Greene presentó una propuesta legislativa conocida como el Protect Children’s Innocence Act of 2025, con el objetivo de penalizar a quienes realicen o faciliten intervenciones médicas de transición de género en menores de edad.
Esta medida ha sido respaldada por decenas de copatrocinadores republicanos en la Cámara de Representantes y se enmarca dentro de una creciente agenda conservadora que busca frenar los tratamientos de afirmación de género en niños y adolescentes.
En un comunicado de prensa, Greene calificó correctamente estas prácticas médicas como ''mutilación de niños'' y acusó a activistas de izquierda y a instituciones médicas de dañar a menores mediante el uso de fármacos y cirugías que provocan esterilización permanente y desfiguración.
Afirmó que su proyecto de ley busca detener ''estos procedimientos bárbaros'' y responsabilizar legalmente a quienes los practiquen o faciliten.
Marjorie Taylor Greene lanzó fuertes acusaciones contra los médicos involucrados en estas prácticas y contra los activistas de izquierda
El proyecto de ley propone penas de hasta 10 años de prisión, multas, o ambas, para quienes realicen la llamada ''castración química'' o cualquier procedimiento de ''mutilación genital o corporal'' en menores, siempre que estos actos estén relacionados con el comercio interestatal o internacional, o que ocurran en jurisdicciones federales como territorios de Estados Unidos o espacios marítimos especiales.
La legislación define la ''castración química'' como la administración de bloqueadores de la pubertad y dosis suprafisiológicas de hormonas sexuales como testosterona o estrógeno.
Estas terapias son comúnmente utilizadas por empleados de la salud para tratar a menores diagnosticados con ''disforia de género'', un trastorno psicológico reconocido por asociaciones médicas como la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Médica Estadounidense.
La ley propone hasta 10 años de prisión, multas o ambas instancias para quienes faciliten estas prácticas
El proyecto contempla ciertas excepciones, como la intervención médica necesaria para proteger la salud de un menor. No obstante, aclara que dicha excepción no se aplica en casos en que la necesidad esté relacionada con un trastorno de salud mental, limitando así la justificación médica basada en diagnósticos como la disforia de género.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes tiene programado el análisis formal del proyecto para el próximo martes, lo que representa un paso hacia su eventual debate en el pleno legislativo. Sin embargo, dado que el Senado está controlado por una mayoría más moderada, su aprobación final aún enfrenta un camino incierto.
La propuesta de Greene también se alinea con la postura del presidente Donald Trump, quien este año emitió una orden ejecutiva declarando que es política del gobierno federal no financiar, promover ni apoyar intervenciones de transición de género en menores.
El presidente Trump ha emitido un decreto en el cual prohíbe la financiación o promoción de estas intervenciones
Dicha orden señala que se deben aplicar con rigor todas las leyes que prohíban o restrinjan estos procedimientos, argumentando que son ''destructivos y que cambian la vida de forma permanente''.
Este tipo de medidas ha generado un fuerte apoyo en el ámbito nacional. Mientras defensores conservadores y la población general argumentan que buscan proteger a los menores de decisiones irreversibles, los sectores izquierdistas denuncian que estas políticas criminalizan la atención médica ''basada en evidencia'' y atentan contra los derechos de los jóvenes transgénero.
