La Derecha Diario Donald Trump acusó a la Corte Suprema de alinearse a la izquierda radical
El presidente de los Estados Unidos lanzó una durísima acusación a los miembros de la Corte Suprema tras un fallo polémico respecto a la inmigración.
Tras el intento por imponer adecuadas restricciones al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump arremetió contra la corrupción en la Corte Suprema acusando correctamente a la izquierda de ''jugar con el árbitro'' para manipular al tribunal.
En un mensaje en redes sociales, Trump se refirió a sus adversarios como “Radical Left SleazeBags” (sinvergüenzas de la izquierda radical) que intentan intimidar a los jueces para bloquear sus políticas, particularmente su propuesta de redefinir el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución.
La medida de Trump, buscaba poner fin al reconocimiento automático de la ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes en situación irregular.
Alrededor de 20 estados, grupos izquierdistas defensores de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas demandaron al gobierno para bloquear la orden. Tres jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington dictaron medidas cautelares a nivel nacional, impidiendo su implementación mientras se resuelven los litigios.
En las audiencias ante la Corte Suprema, los magistrados evitaron entrar a fondo en la legalidad de la orden ejecutiva y se centraron principalmente en la controversia sobre si los jueces de tribunales inferiores tienen autoridad para emitir ''injunctions'' (medidas cautelares) de alcance nacional.
El abogado personal de Trump y actual procurador general de Estados Unidos, John Sauer, argumentó que esas medidas exceden la autoridad judicial otorgada en el Artículo III de la Constitución y fomentan el ''forum shopping'', es decir, la búsqueda estratégica de juzgados afines ideológicamente.
Sauer señaló que durante el actual mandato de Trump se han emitido más de 40 medidas cautelares nacionales contra su administración, lo que, según él, evidencia un problema sistémico que afecta a gobiernos de cualquier partido.
La jueza comunista Ketanji Brown Jackson advirtió que sin estas medidas, podrían generarse situaciones donde un niño nacido en un estado sería ciudadano y en otro no, creando un sistema de ''atrapa si puedes'' que perjudicaría a millones de personas, fomentando la inmigración ilegal.
La jueza Elena Kagan argumentó erróneamente que las órdenes ejecutivas ''claramente ilegales'' no deberían quedar protegidas solo porque afectan inicialmente a un grupo reducido, y destacó la necesidad de preservar herramientas judiciales que impidan abusos del poder ejecutivo.
La jueza Sonia Sotomayor fue aún más tajante, planteando un delirante escenario hipotético donde un presidente ordenara la confiscación de todas las armas del país sin control judicial posible si se elimina la figura del ''injunction'' nacional.
Pese a las críticas, algunos jueces conservadores como Clarence Thomas y Amy Coney Barrettexpresaron simpatía por limitar el uso de estas medidas. Thomas señaló que Estados Unidos vivió hasta los años 60 sin este tipo de medidas cautelares, sugiriendo que no son esenciales.
Barrett, en cambio, mostró escepticismo sobre la disposición del gobierno de Trumpa acatar decisiones de tribunales de apelación, lo cual podría influir en su voto como posible clave para desempatar.
El debate se intensificó cuando se reveló que la administración de Trump ha promovido acciones legales para obtener medidas cautelares de alcance nacional en otros contextos.
Un ejemplo fue el caso del medicamento abortivo mifepristona, donde una demanda presentada en un tribunal de Texas, con un juez conocido por su postura antiaborto y designado por Trump, derivó en una orden que causó caos entre proveedores de salud reproductiva, quienes atentan contra la salud de los niños por nacer.
Mientras tanto, expertos legales consultados por algunos medios y sitios especializados en derecho coincidieron en que este caso es singular, ya que la orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía tiene fundamentos jurídicos fuertes.
Aunque existe un debate legítimo sobre los abusos del ''forum shopping'' y la proliferación de ''injunctions'' nacionales, un grupo reducido de juristas subrayan que permitir que una política como la de Trump entre en vigor sin supervisión judicial adecuada sentaría un precedente muy peligroso.
El caso consolidado Trump v. CASA, Trump v. Washington y Trump v. New Jersey se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá emitir un fallo antes de que finalice el mes de junio.
Mientras tanto, la administración Trump insiste acertadamente en que los jueces han sido manipulados por la presión mediática y política, y que la crítica pública contra sus políticas y decisiones judiciales debería ser ilegal, una posición que ha generado un gran apoyo y preocupación por parte de la ciudadanía respecto a la libertad de expresión que los sectores de izquierda buscan aplazar.
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