La embestida regulatoria de Bruselas contra X finalmente mostró su trasfondo ideológico. Luego de que la Comisión Europea impusiera una sanción récord de 120 millones de euros, Elon Musk reveló que en 2024 la Unión Europea lo había presionado formalmente para censurar contenidos vinculados a Donald Trump en plena campaña presidencial norteamericana. Según el magnate, el episodio fue el anticipo de la ofensiva que hoy se materializa en la multa más elevada aplicada bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA).
La sanción se apoya en argumentos técnicos: supuestos fallos en la moderación, falta de transparencia publicitaria, críticas al sistema de verificación y cuestionamientos a “Notas de la Comunidad”. Sin embargo, para el entorno de Musk todo esto es apenas la excusa. El conflicto real es político. Afirman que Bruselas pretende disciplinar a plataformas que no aceptan el viejo paradigma de control informativo que dominaba en Europa antes del desembarco de Musk.
Uno de los puntos más sensibles de la acusación europea es el sistema de insignias azules o verificados. La Comisión sostiene que su carácter pago “confunde” a los usuarios, mientras que X responde que eliminó un sistema elitista que distinguía arbitrariamente quién podía ser verificado y quién no. La discusión es sintomática: lo que para Bruselas es “orden”, para Musk es una herramienta de censura encubierta.
