Archivos incautados a un jefe de la FARC revelan relación entre Petro y los grupos guerrilleros. Estos habrían financiado su campaña presidencial.
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Una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destapó uno de los mayores escándalos de los últimos años en Colombia. Los archivos secretos de un Jefe de las disidencias de las FARC, alias Calarcá, muestran nexos directos con un General del Ejército, un funcionario de inteligencia del Estado y menciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Jefe de una de las facciones de la FARC, alias Calarcá
Cómo empieza todo: la detención de julio de 2024
El 23 de julio de 2024, una caravana de siete jefes disidentes (FARC) fue detenida en Anorí, Antioquia. Los escoltaban vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección.
Llevaban armas, dinero y hasta un menor de edad. Pese a la flagrancia, la Fiscal General Luz Adriana Camargo ordenó liberarlos argumentando que eran “gestores de paz”.
Pero los dispositivos electrónicos quedaron en manos de la Fiscalía. Ahí estaba todo: correos, chats, fotos, rutas, contactos y mensajes internos del grupo armado.
Lo que muestran los archivos: pactos, reuniones y favores
Los documentos conectan a los grupos guerrileros con Juan Miguel Huertas, quien hoy es General del Ejército Oficial de Colombia y Jefe del Comando de Personal: cargo que controla ascensos, retiros y traslados de todos los militares.
También aparece Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hombre de confianza del gobierno Petro.
Los correos describen múltiples reuniones en Bogotá. Incluyen chats donde se coordina la creación de una "empresa de seguridad" fachada. El plan permitiría que los guerrilleros se movieran en camionetas blindadas, portaran armas “legales” y circularan sin controles.
La idea era “mitad y mitad”: Huertas aportaba permisos y contactos institucionales; las disidencias ponían “los muchachos y las armas”.
Viajes, contactos y esfuerzos por abrirle caminos a la guerrilla
Los documentos mencionan encuentros en Caracas y reuniones posteriores en Bogotá. En esas citas participaron Huertas, Mejía y representantes de Indumil, la empresa estatal de armas.
Documentos en los que se transmitían las reuniones
Se habló de presupuestos y de licencias de armamento. También de blindajes para vehículos y autorizaciones especiales para circular.
El testigo disidente anónimo, entrevistado por Caracol, señaló otra cuestión grave: afirmó que se negoció un "pacto de no agresión" entre el Ejército y las disidencias. Ese pacto cubriría territorios críticos como Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar. Para eso, oficiales habrían entregado códigos de frecuencias radiales militares, teléfonos y correos.
En los archivos aparecen comunicaciones donde funcionarios del Estado habrían facilitado información reservada. Incluye datos provenientes de la Fiscalía, inteligencia militar y unidades especializadas.
Los mensajes más explosivos: campaña Petro Presidente
En los dispositivos también aparecieron chats entre alias Iván Mordisco, Jefe de otra facción disidente, y alias Alvizú. En esos mensajes Mordisco afirma que posee pruebas que podrían “tumbar” a Petro.
Dice textualmente: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro… con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña… lo tumbamos”.
También agrega: “Ese hp arremetió con toda… y no se imagina que sí tenemos las pruebas”.
En ese mismo intercambio, Alvizú afirma que “todo se hizo a través de Francia Márquez”. Ella es la actual vicepresidenta de Colombia.
Tiempo después, Mordisco publicó un comunicado en redes diciendo: “Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”. Eso se dio en respuesta a declaraciones públicas de Gustavo Petro tras algunos asesinatos que levantaron su furia: “En realidad es un traqueto… asesinando dirigentes populares desarmados”.
Publicaciones en X que ponen en evidencia la financiacion a Petro
Desde entonces se lanzó una ofensiva militar contra Mordisco. Hubo más de diez bombardeos a sus estructuras. En varios murieron menores de edad reclutados por la guerrilla.
La Colombia de los 90 vuelve a aparecer como referencia
Para entender la gravedad del caso hay que mirar los años 90. En esa época, acuerdos entre fuerzas del Estado y grupos armados ilegales facilitaron la expansión de redes criminales.
Se mezclaron narcotráfico, paramilitares y funcionarios corruptos. El país vivió secuestros masivos, asesinatos selectivos y control territorial mafioso.
La idea de crear empresas fachada, asegurar libre circulación armada y pactar zonas de no agresión recuerda aquel periodo oscuro. Por eso esta investigación impacta tanto en la sociedad colombiana.
Gustavo Petro le dio poder a grupos guerrilleros y la evidencia de su relación hoy sale a la luz
El cuadro que emerge es el de un gobierno que se presentó como renovador y “progresista”, pero que, según estas revelaciones periodísticas, estaría rodeado de funcionarios de seguridad que habrían pactado con estructuras armadas ilegales.
La magnitud de las evidencias y la reacción inmediata de los organismos de control muestran que Colombia vuelve a enfrentarse a un viejo fantasma: la mezcla explosiva entre política, Fuerzas Armadas y organizaciones armadas irregulares. Un cóctel que en los años 90 llevó al país al borde de la ingobernabilidad y que hoy vuelve a encender todas las alarmas institucionales.
