El Gobierno nacional anunció este 31 de marzo la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista, en una decisión oficializada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. La medida implica su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La decisión se enmarca en los antecedentes históricos que vinculan a la República Argentina con dos de los atentados más graves de su historia: el ataque contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 29 muertos, y el atentado a la AMIA en 1994, donde fueron asesinadas 85 personas. Ambos episodios, según el comunicado, fueron ejecutados por Hezbollah, organización que actúa como brazo operativo del CGRI en la región.
El comunicado oficial del Gobierno.
El texto oficial sostiene que investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia determinaron que estos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y miembros de la Guardia Revolucionaria. En ese marco, recuerda que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes involucrados, entre ellos Ahmad Vahidi, actual jefe del CGRI.
A partir de esta resolución, la inclusión del CGRI en el RePET habilita la aplicación de sanciones económicas, restricciones operativas y medidas destinadas a impedir su accionar dentro del país. Según detalla el comunicado, el objetivo es proteger al sistema financiero argentino de posibles vínculos con actividades ilícitas y reforzar la prevención del terrorismo.
Los atentados terroristas fueron los más trágicos en la historia del país.
La medida fue adoptada de manera coordinada entre Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, en base a informes oficiales que acreditan actividades terroristas de carácter transnacional.
En el cierre del comunicado, el presidente Javier Milei planteó que la decisión busca saldar una deuda histórica con las víctimas de los atentados y reafirmar el compromiso del país con la lucha contra el terrorismo. En esa línea, el Gobierno ratificó su intención de alinear a la Argentina con los estándares internacionales en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
