Estados Unidos ofreció USD 100 millones en ayuda humanitaria a Cuba y espera la autorización del régimen

Según explicó el funcionario estadounidense, la ayuda estaba pensada inicialmente para asistir a la población afectada por huracanes y por la crisis energética que golpea a Cuba desde comienzos de año. Sin embargo, Rubio sostuvo que las autoridades cubanas todavía no aceptaron permitir la distribución de esos recursos dentro del país.

La situación se produce en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas en Cuba. La dictadura de Miguel Díaz-Canel enfrenta apagones masivos, escasez de alimentos, falta de combustible, inflación y una fuerte caída de la actividad económica tras el endurecimiento de las sanciones impulsadas por la administración Trump.

A pesar de las tensiones, en los últimos meses crecieron los contactos diplomáticos entre ambos países. Funcionarios estadounidenses viajaron recientemente a La Habana para mantener conversaciones con representantes del régimen cubano en torno a posibles reformas económicas y mecanismos de cooperación.

El propio Donald Trump confirmó esta semana que su gobierno mantiene conversaciones con Cuba y afirmó que “la isla pide ayuda”. El presidente estadounidense sostuvo además que Washington continuará presionando al régimen mientras busca “ayudar al pueblo cubano”.

En paralelo, distintos gobiernos y organizaciones internacionales también comenzaron a enviar asistencia humanitaria a la isla ante el agravamiento de la situación social. México, España y grupos vinculados a organizaciones progresistas europeas impulsaron durante los últimos meses convoyes marítimos y programas de ayuda alimentaria y médica para Cuba.

Mientras tanto, la administración Trump mantiene abierta la posibilidad de ampliar la asistencia humanitaria si el régimen cubano de Díaz-Canel autoriza su distribución directa a la población, en un contexto donde la crisis económica y social continúa profundizándose en toda la isla.

Durante las últimas semanas, Washington aumentó además la presión económica sobre el régimen cubano mediante nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar considerado el principal centro financiero del sistema político de La Habana. Las medidas apuntaron también contra empresas vinculadas al sector energético y minero cubano.