La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, provocó una intensa polémica tras vetar el proyecto de ley S.B. 1109, que buscaba prohibir la adquisición de tierras en el estado por parte del gobierno chino o entidades vinculadas a él, especialmente cerca de infraestructuras estratégicas como bases militares, instalaciones nucleares y centros tecnológicos clave.
En su carta de veto, fechada el pasado 2 de junio, Hobbs argumentó que la legislación era ineficaz para combatir el espionaje y no ofrecía una protección directa a los activos militares en el estado. Además, criticó la falta de criterios claros para su implementación, advirtiendo sobre el riesgo de una aplicación arbitraria de la norma.
El proyecto, que había pasado por un proceso de enmiendas bipartidistas para limitar el alcance de la prohibición solo a entidades vinculadas al gobierno chino, surgió ante crecientes preocupaciones de seguridad nacional.
La demócrata intentó argumentar la ley señalando que la misma podía resultar ''arbitraria''
Uno de los casos citados fue un intento reciente de China de arrendar propiedades cercanas a la base aérea Luke, en Arizona, donde se entrenan pilotos de combate estadounidenses.
La decisión de Hobbs fue duramente criticada por figuras del Partido Republicano y organizaciones conservadoras. La líder de la mayoría en el Senado estatal, Janae Shamp, calificó el veto como ''políticamente motivado'' y ''totalmente insensato'', acusando a la gobernadora de obstruir esfuerzos para proteger a los ciudadanos del estado frente a amenazas extranjeras.
Shamp fue quien impulsó el proyecto con el objetivo de salvaguardar los activos militares, comerciales y agrícolas de Arizona contra posibles actos de espionaje o sabotaje.
Michael Lucci, CEO de la organización conservadora State Armor Action, acusó a Hobbs de colocar un cartel de ''abierto para el Partido Comunista Chino'' en la puerta de entrada del estado.
La impulsora del proyecto disparó contra la gobernadora demócrata
Aunque Hobbs insiste en que la medida no tenía un impacto real sobre la seguridad, el debate se inscribe en una tendencia nacional. El Comité de los 100, una organización sin fines de lucro centrada en temas relacionados con China, informó que al menos 27 estados están considerando 84 proyectos de ley similares, y que 22 ya han aprobado normativas que restringen la propiedad extranjera de tierras, 17 de ellas convertidas en ley durante 2024.
En Arizona, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), más de 118.000 hectáreas de tierras agrícolas en los condados de Maricopa y Pinal están en manos de corporaciones chinas.
A nivel nacional, entidades extranjeras poseían alrededor de 40 millones de acres de tierras agrícolas hasta 2021, lo que equivale al 3% del total. De esa cifra, China solo representa el 1%, muy por debajo de Canadá, que posee el 33%. Sin embargo, expertos señalan que incluso pequeñas cantidades de tierras en ubicaciones clave pueden representar amenazas estratégicas significativas.
La secretaria de Agricultura estadounidense señaló que Estados Unidos busca prohibir la compra de tierras por parte de China en todo el país
Varios estados ya han tomado medidas. Utah, por ejemplo, ha aprobado leyes que prohíben o limitan la inversión de países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte en tierras dentro del estado. Estas leyes son ejecutadas por el Departamento de Seguridad Pública, que debe documentar y crear una base de datos para revertir tales inversiones.
El gobierno federal también ha mostrado interés en esta problemática. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó en febrero que la Casa Blanca está buscando prohibir la compra de tierras estadounidenses por parte de China, una iniciativa que sigue el precedente de restricciones contra empresas como Huawei y la presión continua sobre TikTok, cuyo futuro en Estados Unidos aún pende de un hilo ante la posibilidad de una nueva extensión del plazo de desinversión.
