El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la reactivación de las órdenes de captura contra más de 30 cabecillas de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que durante la administración de Gustavo Petro habían sido reconocidos como gestores de paz en el marco de los procesos de negociación impulsados por el anterior Gobierno.
La decisión supone un cambio significativo respecto de la política de “Paz Total” implementada durante el mandato de Petro. El nuevo Ejecutivo busca retirar los beneficios que permitían mantener suspendidas determinadas órdenes judiciales y volver a colocar a estos dirigentes como objetivos de la Fuerza Pública.











