La medida alcanza a integrantes de grupos armados que habían recibido beneficios durante la política de “Paz Total” de Gustavo Petro. La lista incluye a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, uno de los principales jefes de las disidencias.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la reactivación de las órdenes de captura contra más de 30 cabecillas de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que durante la administración de Gustavo Petro habían sido reconocidos como gestores de paz en el marco de los procesos de negociación impulsados por el anterior Gobierno.
La decisión supone un cambio significativo respecto de la política de “Paz Total” implementada durante el mandato de Petro. El nuevo Ejecutivo busca retirar los beneficios que permitían mantener suspendidas determinadas órdenes judiciales y volver a colocar a estos dirigentes como objetivos de la Fuerza Pública.
Terroristas colombianos de las FARC
Entre los principales nombres aparece Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, jefe del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). Calarcá había participado en las negociaciones con el Gobierno Petro, pero su estructura continuó involucrada en actividades armadas y en enfrentamientos con otros grupos ilegales.
La lista también incluye a otros dirigentes señalados como objetivos prioritarios por la nueva administración. Entre ellos se encuentran Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central; Andrey Avendaño, jefe del Frente 33; y alias Alfred o Francisco, integrante de la dirección del ELN y comandante del Frente de Guerra Nororiental.
El Gobierno de De La Espriella ya había anticipado un endurecimiento de la estrategia contra las organizaciones armadas ilegales. Durante sus primeros días en el poder, el mandatario anunció una ofensiva destinada a recuperar el control territorial y estableció como prioridad la captura de los principales comandantes de las estructuras criminales.
La nueva política se produce además en un contexto de fuerte violencia en regiones como Catatumbo, Arauca, Cauca, Nariño y Putumayo, donde diferentes grupos armados mantienen disputas por territorios, rutas del narcotráfico y otras economías ilegales. Según estimaciones citadas por medios colombianos, existen cerca de 29.000 integrantes de grupos armados organizados activos en el país.
Soldados del ejercito de Colombia
Con la reactivación de las órdenes de captura, el Gobierno de De La Espriella pretende dejar atrás el enfoque de negociación permanente con los grupos armados y avanzar hacia una política basada en persecución judicial, operaciones militares y recuperación del control territorial.
La captura de los principales cabecillas será una de las primeras pruebas para determinar si esta nueva estrategia consigue debilitar a las organizaciones ilegales que continúan operando en Colombia.
