La entrega de alias ''Araña'' refuerza la cooperación entre Bogotá y Washington contra el narcotráfico y marca un giro en la política de seguridad colombiana.
Las autoridades estadounidenses han aclarado que se trata de acusaciones y que Rojas mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.
La extradición también refuerza la cooperación entre Bogotá y Washington contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. En la operación participaron agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Servicio de Alguaciles, junto con las autoridades colombianas.
Colombia extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, alias ''Araña'', señalado como uno de los principales dirigentes de una disidencia de las antiguas FARC, para que responda ante la justicia estadounidense por acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo.
La entrega representa un nuevo paso en el giro de la política de seguridad del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien desde su llegada al poder ha dejado atrás la estrategia de negociación impulsada por su antecesor, el comunista Gustavo Petro, con diferentes organizaciones armadas ilegales. El nuevo gobierno ha priorizado las operaciones militares, las capturas y la extradición de dirigentes vinculados con redes criminales.
Rojas, también conocido como ''Araña'', era uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, una estructura integrada por antiguos miembros de las FARC que rechazaron o posteriormente abandonaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano en 2016. La organización opera principalmente en zonas fronterizas y, según las autoridades, obtiene recursos de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Las autoridades estadounidenses acusan a Rojas de participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína y de delitos relacionados con narcoterrorismo. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó los cargos en 2025 y sostiene que las operaciones atribuidas al acusado se desarrollaron en Colombia, Ecuador y otros países, con cocaína destinada al mercado estadounidense.
Rojas fue detenido en Bogotá en febrero de 2025, después de que Interpol emitiera una circular roja relacionada con las acusaciones de narcotráfico. La Corte Suprema de Colombia posteriormente aprobó su extradición, pero el proceso fue suspendido durante el gobierno de Petro mientras Rojas participaba en conversaciones de paz con el Ejecutivo y representantes de grupos armados.
Con la llegada de De la Espriella a la Presidencia, la situación cambió. El mandatario ordenó reactivar el procedimiento de extradición y finalmente autorizó la entrega del dirigente a las autoridades estadounidenses.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó que Rojas fue trasladado a territorio estadounidense bajo custodia de agentes federales y que deberá comparecer ante la justicia en California. Los cargos que enfrenta podrían implicar penas de entre 10 años y cadena perpetua por conspiración internacional para distribuir cocaína, y de 20 años a cadena perpetua por narcoterrorismo.
El gobierno de De la Espriella ha convertido la persecución de estructuras criminales en uno de los principales ejes de su política de seguridad. Desde que asumió el cargo, el Ejecutivo ha terminado conversaciones con distintos grupos armados y ha ordenado operaciones para recuperar el control de zonas rurales y selváticas donde esas organizaciones mantienen presencia.
La decisión también coincide con una mayor coordinación de Colombia con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Días después de asumir, el gobierno colombiano incorporó al país a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa regional destinada a fortalecer la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales.
En agosto, las autoridades colombianas anunciaron además la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, identificado por el gobierno como un dirigente del Tren de Aragua buscado por Estados Unidos por acusaciones que incluyen extorsión, homicidio y tráfico de armas y drogas. La organización venezolana fue designada como organización terrorista extranjera por Washington en 2025.
De la Espriella afirmó tras aquella captura que Colombia no será un refugio para organizaciones criminales y que las autoridades continuarán persiguiendo a sus integrantes independientemente de su procedencia.
