El gobierno de Trump anunció un fabuloso acuerdo con la policía contra los ilegales

El gobierno del presidente Donald Trump continúa ampliando agresivamente las asociaciones entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias policiales locales a través del programa 287(g), una iniciativa que permite a policías y alguaciles colaborar directamente con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para identificar y entregar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales.

Esta semana, el DHS anunció un aumento del 600% en la cantidad de acuerdos 287(g) desde que Trump asumió la presidencia en enero. En ese momento, solo 135 departamentos de policía o alguacil tenían convenios con ICE. Hoy, esa cifra se acerca a 960 agencias en todo Estados Unidos.

Este crecimiento exponencial forma parte del enfoque más amplio de la administración Trump para reforzar la seguridad fronteriza, aumentar las deportaciones y colaborar con autoridades locales para identificar y remover del país a inmigrantes ilegales acusados o condenados por delitos graves.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció nuevas iniciativas para incentivar a más departamentos policiales a firmar acuerdos 287(g). Estas medidas incluyen:

• Reembolsos salariales y de beneficios para oficiales que colaboran con ICE.
   
• Bonificaciones trimestrales por desempeño para las agencias que entreguen resultados destacados en términos de arrestos y deportaciones.

Según el subdirector de ICE, Madison Sheahan, estas iniciativas son posibles gracias a la implementación de la llamada ''One Big Beautiful Bill'', una ley emblemática impulsada por Trump para reforzar la política migratoria del país.

Sheahan declaró:

''ICE no solo está superando récords de contratación, sino que también está multiplicando alianzas con fuerzas del orden estatales y locales para eliminar de nuestro país a lo peor de lo peor: asesinos, pandilleros, violadores, terroristas y pedófilos.''

Además, animó a las agencias locales a sumarse:

''Al unirse a ICE, no solo acceden a oportunidades financieras sin precedentes, sino que también  forman parte de un esfuerzo nacional para proteger a cada familia estadounidense.''

Este enfoque contrasta radicalmente con la política migratoria del expresidente demócrata Joe Biden, cuyo entonces secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, intentó desmantelar el programa 287(g) y reducir significativamente la capacidad de detención migratoria.

Mayorkas criticó el programa, afirmando que tenía un historial de ''prácticas perniciosas'' y ''abusos generalizados''. Uno de sus movimientos más controvertidos fue cancelar el acuerdo 287(g) con el condado de Bristol, Massachusetts, a pesar de que esa alianza había permitido a ICE detener a inmigrantes ilegales acusados de crímenes graves, incluyendo:

• Intento de asesinato
   
• Violación infantil
   
• Estrangulación
   
• Robo de autos a mano armada
   
• Agresión agravada con arma letal

Bajo la administración Trump, la reversión de esas políticas y la expansión del programa 287(g) son vistos como una prioridad central en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen asociado.

El objetivo es hacer a Estados Unidos seguro de nuevo, y la administración sostiene que la participación de las autoridades locales es fundamental para multiplicar el alcance de ICE y asegurar que criminales peligrosos no escapen a la justicia por vacíos jurisdiccionales.