El Parlamento neerlandés dio un paso demencial en la reforma del sistema fiscal sobre el ahorro y la inversión al aprobar en la Cámara de Representantes la ley ''Wet werkelijk rendement box 3'', que introduce un impuesto del 36% sobre los rendimientos reales obtenidos por los residentes. La norma, que aún debe ser ratificada por el Senado, entrará en vigor el 1 de enero de 2028.
La reforma responde a una serie de fallos del Hoge Raad (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que desde diciembre de 2021 declaró inconstitucional el antiguo sistema de ''Box 3''.
Ese modelo gravaba rendimientos estimados o ficticios sobre el patrimonio, independientemente de los ingresos efectivamente obtenidos. El alto tribunal concluyó que esa práctica vulneraba el derecho de propiedad y el principio de no discriminación, especialmente en un contexto de tipos de interés cercanos a cero.
El parlamento holandés aprobó la creación de un impuesto del 36% sobre los rendimientos de los residentes holandeses
El nuevo esquema sustituye ese mecanismo por un gravamen sobre los rendimientos reales. Sin embargo, no se limita a ingresos efectivamente percibidos, como intereses, dividendos o alquileres.
También incluye el incremento anual del valor de activos como acciones, bonos o criptomonedas, incluso si no se han vendido. Así, si una cartera aumenta 10.000 euros en un año, esa ganancia no realizada se considerará base imponible.
La ley introduce un umbral exento de 1.800 euros de rendimiento anual y permite compensar pérdidas futuras sin límite temporal, siempre que superen los 500 euros.
Además, contempla un tratamiento distinto para bienes inmuebles y participaciones en startups calificadas, que tributarán bajo un modelo de plusvalía tradicional: el impuesto sobre la revalorización se pagará solo cuando el activo se venda. Los ingresos corrientes derivados de estos activos, como alquileres o dividendos, seguirán gravándose anualmente.
La reforma impositiva también afecta a los rendimientos de las criptomonedas
Durante el debate parlamentario, el secretario de Estado de Fiscalidad reconoció que el Gobierno habría preferido aplicar un sistema basado exclusivamente en ganancias realizadas, pero sostuvo que no era viable implantarlo a tiempo sin provocar un fuerte impacto presupuestario.
El Ejecutivo estima que la falta de un marco definitivo ha supuesto una pérdida de alrededor de 2.300 millones de euros anuales para las arcas públicas.
La aprobación se produjo pese a las reservas expresadas por varios partidos de la coalición gobernante, que admitieron que gravar plusvalías no realizadas no es su opción ideal. No obstante, defendieron la medida como una solución necesaria tras la anulación judicial del sistema anterior.
El proyecto ha generado críticas, especialmente entre inversores y comunidades vinculadas a los criptoactivos, que alertan del riesgo de tener que pagar impuestos sobre ganancias ''en papel'' sin haber obtenido liquidez. También advierten de posibles incentivos a la deslocalización fiscal hacia países que solo gravan las plusvalías cuando se materializan.
El gobierno holandés declaró que hubiera preferido aplicar un sistema basado en ganancias efectivas
En el contexto europeo, el modelo neerlandés resulta poco habitual, ya que la mayoría de los países aplican impuestos sobre ganancias de capital en el momento de la venta del activo. Aun así, el Gobierno mantiene como objetivo a largo plazo evolucionar hacia un sistema plenamente basado en la realización de las ganancias.
Si el Senado confirma el texto, los Países Bajos adoptarán uno de los regímenes más singulares de Europa en materia de tributación del patrimonio financiero, en un intento por equilibrar seguridad jurídica, recaudación y equidad fiscal tras años de litigios y reformas transitorias.
