El jueves, un juez federal en New Hampshire bloqueó nuevamente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos para hijos de padres que no son ciudadanos ni residentes legales permanentes.
Esta decisión judicial se produce apenas dos semanas después de que la Corte Suprema limitara el poder de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de otorgar protección a través de demandas colectivas.
El juez Joseph Laplante, designado por el expresidente George W. Bush, aceptó certificar provisionalmente una demanda colectiva presentada por defensores de los derechos de los inmigrantes, lo que le permitió emitir una nueva orden preliminar que bloquea la implementación nacional de la medida.
Esta decisión se basa en una excepción permitida por la Corte Suprema en su reciente fallo, que habilita acciones colectivas como una vía legal alternativa para frenar políticas federales.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero tras regresar a la presidencia, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense si sus padres no tienen al menos uno la ciudadanía o una tarjeta de residencia (green card). De aplicarse a nivel nacional, esta política podría negar la ciudadanía a más de 150.000 recién nacidos por año, según los cálculos de los demandantes.
Durante la audiencia, Laplante declaró que negar la ciudadanía a un niño constituye un daño irreparable: ''La ciudadanía es el privilegio más grande que existe en el mundo''.
Por esa razón, calificó la decisión de emitir la medida cautelar como ''no una decisión difícil'' para el tribunal. Sin embargo, suspendió temporalmente su implementación por siete días para dar tiempo al gobierno de Trump de apelar, algo que un abogado del Departamento de Justicia confirmó que harían.
