Un juez del estado de Nueva Hampshire decidió bloquear este jueves la orden de Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento.
La decisión llega tras una serie de medidas judiciales tomadas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington, quienes también bloquearon la orden ejecutiva de Trump por considerarla inconstitucional.
Todos estos jueces se basaron en la Enmienda 14 de la Constitución y en el fallo histórico de 1898 en United States v. Wong Kim Ark, donde la Corte Suprema sostuvo que todo niño nacido en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El jueves, un juez federal en New Hampshire bloqueó nuevamente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos para hijos de padres que no son ciudadanos ni residentes legales permanentes.
Esta decisión judicial se produce apenas dos semanas después de que la Corte Suprema limitara el poder de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de otorgar protección a través de demandas colectivas.
El juez Joseph Laplante, designado por el expresidente George W. Bush, aceptó certificar provisionalmente una demanda colectiva presentada por defensores de los derechos de los inmigrantes, lo que le permitió emitir una nueva orden preliminar que bloquea la implementación nacional de la medida.
Esta decisión se basa en una excepción permitida por la Corte Suprema en su reciente fallo, que habilita acciones colectivas como una vía legal alternativa para frenar políticas federales.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero tras regresar a la presidencia, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense si sus padres no tienen al menos uno la ciudadanía o una tarjeta de residencia (green card). De aplicarse a nivel nacional, esta política podría negar la ciudadanía a más de 150.000 recién nacidos por año, según los cálculos de los demandantes.
Durante la audiencia, Laplante declaró que negar la ciudadanía a un niño constituye un daño irreparable: ''La ciudadanía es el privilegio más grande que existe en el mundo''.
Por esa razón, calificó la decisión de emitir la medida cautelar como ''no una decisión difícil'' para el tribunal. Sin embargo, suspendió temporalmente su implementación por siete días para dar tiempo al gobierno de Trump de apelar, algo que un abogado del Departamento de Justicia confirmó que harían.
Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema del 27 de junio limitó los llamados ''interdictos universales'' o medidas cautelares que se aplican a personas fuera del caso concreto, lo que obligó a los tribunales a buscar nuevas estrategias legales.
En ese contexto, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) reaccionó presentando nuevas demandas colectivas, incluida la que ahora ha dado lugar a esta decisión de Laplante.
Desde la Casa Blanca, el portavoz Harrison Fields criticó duramente la medida, calificándola como ''un intento evidente e ilegal de eludir la orden clara de la Corte Suprema contra el alivio universal'', y acusó al juez de abusar del procedimiento de certificación de demandas colectivas.
''La administración Trump luchará con fuerza contra estos jueces distritales rebeldes que intentan impedir que el presidente implemente las políticas para las que fue elegido'', declaró.
