El gobierno chileno presentó dos proyectos de ley que amplían la capacidad del Estado para retener migrantes con órdenes de expulsión y castigan a quienes faciliten su traslado dentro del país.
El gobierno de Chile dio un nuevo paso en su agenda de control migratorio al ingresar dos proyectos de ley destinados a endurecer las medidas contra la inmigración irregular.
El anuncio fue realizado por el presidente José Antonio Kast durante una visita al complejo fronterizo de Chacalluta, en Arica, donde además supervisó los avances del denominado Plan Escudo Fronterizo, que contempla zanjas, infraestructura de vigilancia y refuerzo de controles en la frontera norte.
La segunda propuesta consiste en una reforma al Código Penal para sancionar a los llamados “burreros”, es decir, personas que transportan o facilitan el desplazamiento de migrantes irregulares dentro del territorio nacional. El gobierno busca tipificar esta conducta como delito y establecer agravantes penales para quienes participen en estas redes.
Desde La Moneda sostienen que las organizaciones vinculadas al tráfico de migrantes suelen adaptarse rápidamente a los controles fronterizos, por lo que consideran necesario atacar también las estructuras logísticas que permiten la circulación clandestina de personas por el país.
Estas iniciativas se suman a otras medidas impulsadas durante los primeros meses de la administración Kast, entre ellas el Plan Retorno para migrantes irregulares y el aumento de las expulsiones administrativas y judiciales. Según datos oficiales difundidos semanas atrás, miles de extranjeros ya abandonaron el país de manera voluntaria o mediante procedimientos de deportación.
Con estos nuevos proyectos, el Ejecutivo busca consolidar una de las principales promesas de campaña de Kast: reforzar el control de las fronteras, reducir la inmigración irregular y recuperar la capacidad del Estado para ejecutar las órdenes de expulsión pendientes.
La primera iniciativa propone modificar la Constitución para ampliar de cinco a sesenta días el plazo durante el cual las autoridades pueden retener a migrantes que ya cuentan con una orden de expulsión. Según explicó Kast, el sistema actual dificulta concretar las deportaciones porque muchas veces el plazo vence antes de completar los trámites necesarios, obligando a liberar nuevamente a las personas involucradas.
El mandatario argumentó que la inmigración irregular ha generado presión sobre servicios públicos como salud, educación, vivienda y seguridad, por lo que considera necesario entregar mayores herramientas al Estado para hacer efectivas las expulsiones pendientes.
