El gobierno de José Antonio Kast dio un paso concreto en su política de orden interno al poner en marcha un sistema de deportaciones aéreas de inmigrantes ilegales, en línea con una de sus principales promesas de campaña: recuperar el control de las fronteras y reforzar la seguridad nacional.
El operativo comenzó con un primer vuelo que trasladó a cerca de 40 personas hacia países como Colombia, Ecuador y Bolivia, en un procedimiento coordinado entre distintas agencias del Estado. La mayoría de los expulsados contaba con antecedentes vinculados a delitos como robo, narcotráfico o porte ilegal de armas, lo que refuerza el enfoque del Ejecutivo en priorizar la seguridad de los ciudadanos por sobre cualquier otra consideración.











