El ex asesor ministerial Koldo García ha destapado en una entrevista exclusiva un sistema de financiación clandestina que habría permitido a Pedro Sánchez recuperar la secretaría general del PSOE en 2017. Según su testimonio, la campaña interna que devolvió a Sánchez al poder se habría financiado mediante la técnica del fraccionamiento de donaciones, conocida como pitufeo: dividir grandes sumas de efectivo en ingresos pequeños, de 300 euros, para eludir los controles legales y evitar despertar sospechas.
''Yo tenía el dinero, se lo daba a distintas personas y ellos lo ingresaban a su nombre'', reveló García, describiendo un mecanismo que reconoce ahora como irregular. Asegura que aceptaba fondos en bloques de 1.000 o 2.000 euros, que luego repartía entre terceros para ingresarlos de forma fragmentada.
Lo más grave es la procedencia de quienes participaron en esta operatoria. Koldo afirma que utilizó no solo militantes o simpatizantes del PSOE, sino también inmigrantes “rumanos, marroquíes e hispanoamericanos”, personas ajenas al partido a las que entregaba el dinero en efectivo para que lo depositaran por él. El objetivo: inflar discretamente los ingresos de campaña y evitar la trazabilidad bancaria.
Sobre el monto total movilizado, aunque reconoce no disponer de cifras exactas, señala que dentro del aparato del partido se hablaba de un volumen “cercano al millón” de euros. García asegura que él no pertenecía al área formal de control financiero, sino que actuaba como canalizador directo del dinero.
Estas revelaciones reabren un debate que nunca terminó de cerrarse: el grado real de transparencia de las primarias que llevaron a Sánchez de vuelta al liderazgo del PSOE, un proceso que en su momento fue vendido como un triunfo “de las bases”, pero que ahora aparece asociado a prácticas financieras opacas y a una estructura paralela de recaudación.
Mientras se conocen detalles de la financiación irregular de las primarias, otro capítulo crítico del socialismo español estalla: el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó enviar a prisión preventiva sin fianza al exministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, el propio Koldo García, por el caso de las mascarillas adjudicadas durante la pandemia.
La decisión —motivada por un “riesgo extremo de fuga”— marca un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio ingresará en prisión.
Hasta ahora, ambos permanecían bajo medidas cautelares leves: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. Pero la proximidad del juicio y la posibilidad de enfrentar hasta 30 años de prisión llevaron al magistrado a endurecer drásticamente la situación procesal.
