El presidente surcoreano Lee Jae Myung ha anunciado una ofensiva sin precedentes contra lo que denomina ''discurso de odio'' y ''desinformación'', desatando una fuerte polémica por ser un ataque directo a la libertad de expresión.
Durante una reunión de gabinete celebrada este martes en la oficina presidencial de Yongsan, Lee instruyó a las autoridades civiles y policiales a ''castigar sin demora'' cualquier manifestación considerada discriminatoria o falsa, y prometió una política de ''tolerancia cero'' frente a quienes ''distorsionen los hechos o violen la dignidad humana''.
Aunque el mandatario insistió en que su objetivo es proteger la democracia y la convivencia, sus palabras y propuestas han sido interpretadas como un intento de censurar la crítica y controlar el discurso público.
Lee afirmó que el país ''ya no puede tolerar los actos de odio o desinformación disfrazados de opinión'' y que estos ''van más allá de los límites de la libertad de expresión''. Detractores del gobierno alertan, sin embargo, que esas declaraciones sientan las bases para una peligrosa expansión del poder estatal sobre los medios y las redes sociales.
El amante del régimen de Kim Jong un instruyó a su gobierno a dar castigos inmediatos
Entre las medidas propuestas figura una ley inspirada en legislaciones europeas y japonesas, que castigaría a las plataformas digitales que no eliminen con rapidez contenidos considerados ''discriminatorios'' o ''manipulados''.
El ministro de Justicia, Jung Sung-ho, indicó que las sanciones incluirían multas severas y la posibilidad de cerrar sitios reincidentes. Además, el presidente ordenó preparar normas disciplinarias que contemplen el despido automático de funcionarios públicos que usen lenguaje discriminatorio, incluso fuera de su función.
''Un funcionario que incurra en discurso de odio debe ser inmediatamente descalificado del servicio público'', dijo Lee, aprobando la propuesta del ministro de Gestión de Personal, Choi Dong-suk.
El ministro de Justicia aseguró que se incluirán multas severas contra quienes sean acusados
Críticos de la medida advierten que el gobierno está abriendo la puerta a una caza de brujas ideológica, en la que cualquier comentario impopular o políticamente incorrecto podría ser castigado.
En particular, preocupa que la definición de ''odio'' o ''desinformación'' quede en manos del Ejecutivo, lo que podría convertir a la policía y los ministerios en árbitros del pensamiento y la opinión. La insistencia del presidente en ''trazar una frontera clara entre el discurso legítimo y la incitación'' ha sido vista por analistas como una fórmula ambigua que permitirá una censura discrecional.
Lee aprovechó la reunión para referirse a incidentes recientes, como las declaraciones racistas atribuidas al presidente de la Cruz Roja coreana, Kim Chul-soo, y un video promocional del Festival de Fideos de Gumi que mostraba a un actor con la cara pintada de negro.
La policía surcoreana incurrirá en una caza de brujas ideológica en el país
Según Lee, ambos casos demuestran que ''aún existen actos anacrónicos de discriminación en nuestra sociedad'' y que ''no se pueden tolerar más''. Sin embargo, sectores conservadores replican que el mandatario está usando episodios aislados para justificar una legislación que silenciaría la disidencia política y restringiría el debate público.
El propio Lee defendió incluso la abolición del delito de difamación por declaraciones verídicas, argumentando que las disputas sobre reputación deben resolverse en el ámbito civil, no penal. Pero la aparente defensa de la libertad choca con su impulso por criminalizar expresiones subjetivamente calificadas como ''indecentes o divisivas''.
