El dictador venezolano Nicolás Maduro comparece ante la Corte de Nueva York en un intento desesperado por frenar el juicio en su contra por narcoterrorismo.
Tras 82 días detenido, el líder del régimen chavista busca que el juez Alvin Hellerstein anule el proceso judicial, apelando a una cuestionada interpretación de la Constitución estadounidense.
Una defensa débil basada en argumentos insostenibles
La estrategia fue diseñada por el abogado Barry J. Pollack, quien argumenta que se violaron derechos constitucionales de Maduro.
El planteo se apoya en dos ejes:
Supuesta falta de recursos para pagar su defensa
Presunta violación a las enmiendas Quinta y Sexta
Sin embargo, ambos argumentos presentan serias inconsistencias.
Maduro y su esposa Cilia Flores alegan insolvencia, pese a que su fortuna es considerada incalculable tras años en el poder.
El intento de usar fondos del Estado venezolano
La defensa también intenta justificar el uso de fondos venezolanos para financiar abogados.
Pero este argumento choca con una realidad clave: Maduro no es reconocido como un mandatario legítimo tras el fraude electoral.
Por lo tanto, no tiene derecho a disponer de recursos del Estado.
Además, la legislación estadounidense permite asignar un abogado de oficio, garantizando el derecho a defensa sin necesidad de fondos bloqueados.
El rol de Estados Unidos y el bloqueo de fondos
El gobierno de Donald Trump ratificó que no se liberarán recursos venezolanos para financiar la defensa del dictador.
Las restricciones están amparadas por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que permite limitar transacciones por razones de seguridad nacional.
Este punto debilita aún más la estrategia legal de Maduro.
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Mientras el dictador intenta frenar el juicio, las pruebas en su contra siguen acumulándose.
