Investigan a Lázaro Báez por maniobras de casi $391 millones con propiedades embargadas desde la cárcel

La investigación judicial que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez, exsocio de Cristina Kirchner en los entramados de corrupción, sumó nuevas pruebas: una serie de escuchas telefónicas lo muestra dando órdenes desde el penal federal de Ezeiza para administrar propiedades y estancias que se encontraban embargadas, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos por casi $391 millones y posibles vínculos con una organización dedicada al narcotráfico.

Las grabaciones forman parte de una investigación a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, cuyos resultados fueron expuestos durante una audiencia realizada este jueves. Según la acusación, los involucrados habrían utilizado un patrimonio inmobiliario y empresarial preexistente, alcanzado por medidas judiciales y pedidos de decomiso, para generar ingresos y realizar operaciones financieras. La causa también involucra a Claudia Insaurralde, pareja de Báez; Cristian Ibáñez, señalado como presunto testaferro; y al contador Diego Navarro, entre otros colaboradores.

Otros audios, correspondientes al 5 de octubre, registraron instrucciones dirigidas a Ibáñez sobre la administración de las estancias La Entrerriana y Alquinta, dos establecimientos incluidos entre los bienes investigados por la Justicia. Báez pretendía decidir quiénes quedarían a cargo de las propiedades y llegó a advertir: "Yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos". En esas comunicaciones, su pareja era mencionada como "la Tía", mientras que sus colaboradores identificaban al propio Lázaro como "el Tío".

Una de las conversaciones más contundentes se registró el 8 de octubre, cuando Báez discutió con un inquilino las condiciones del contrato de varios inmuebles utilizados por laboratorios en Río Gallegos. "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados", afirmó Baez, quien además advirtió que podía dar por terminado el acuerdo si no aceptaban sus condiciones.

Entre los activos investigados también aparecen la estancia Cruz Aike, inmuebles ubicados en El Calafate y Río Gallegos, y empresas como Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A., esta última vinculada comercialmente con las firmas de la familia Kirchner, Los Sauces y Hotesur. La pesquisa también documentó una conversación del 20 de octubre sobre la posible comercialización de 600 ovejas, durante la cual se mencionó la existencia de animales sin documentación. De acuerdo con la investigación, el entramado habría movilizado aproximadamente $390.880.000 mediante distintas operaciones sobre bienes alcanzados por medidas judiciales.

Las escuchas también expusieron las faltas de control las comunicaciones del empresario, quien habría contado con acceso a un teléfono celular y utilizaba el teléfono público del establecimiento penitenciario para impartir instrucciones.

Báez cumple una pena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, mientras que la nueva investigación vuelve a poner bajo la lupa la administración de su patrimonio embargado y los controles del Servicio Penitenciario Federal que no impidieron que continuara interviniendo en sus negocios desde la cárcel.