Estados Unidos sancionó a organismos clave del régimen cubano y acusó a La Habana de exportar la revolución marxista

Las declaraciones representan una nueva escalada en la política de Washington hacia Cuba. La administración Trump sostiene que varias de estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en las actividades de influencia política, propaganda internacional y financiamiento de estructuras vinculadas al régimen cubano.

Las entidades sancionadas son el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la empresa turística Amistur Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la empresa Minera La Victoria S.A.

Rubio advirtió además que cualquier empresa, banco o institución extranjera que continúe prestando servicios a estas organizaciones relacionadas a la dictadura de Díaz-Canel podría exponerse a sanciones secundarias por parte de Estados Unidos. El mensaje estuvo dirigido especialmente a entidades financieras internacionales, a las que instó a congelar cualquier activlacionada con los organismos incluidos en la lista.

Particular atención recibió el ICAP, una institución históricamente encargada de mantener vínculos con organizaciones políticas, movimientos sociales y grupos de solidaridad con Cuba en distintos países. Los CDR, por su parte, son considerados uno de los principales mecanismos de control social y vigilancia política dentro de la isla desde los primeros años de la revolución.

Rubio sostuvo que Estados Unidos no tolerará que “regímenes marxistas radicales” continúen promoviendo operaciones de influencia y exportando su modelo político al resto del continente. En un tono especialmente contundente, calificó la revolución cubana como una ideología “venenosa y maligna” que amenaza la seguridad nacional estadounidense.

Las nuevas sanciones se producen en un momento particularmente delicado para Cuba, marcada por una profunda crisis económica, apagones masivos, escasez de alimentos y la creciente salida de empresas extranjeras. Para Washington, la medida busca aumentar la presión sobre las estructuras que sostienen al régimen; para La Habana, representa un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre ambos países.